La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, defendió ayer la presunción de inocencia del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y la legalidad de la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela, que se investiga en el contexto de la denominada "operación Brugal".
Preguntada por si Ripoll debería dimitir al estar imputado en el citado caso, Sánchez de León aseguró que "los únicos capacitados para juzgar son los jueces, ni los informes policiales, ni los políticos ni los medios de comunicación, ni los informes de fiscales u otras instituciones pueden hacerlo".
En este sentido reiteró su "máximo respeto al sistema jurídico" y dijo que el Consell actuará de acuerdo a estos principios "mientras no haya una sentencia firme que pueda decir lo contrario".
En relación con la adjudicación del citado contrato de basuras, la consellera portavoz manifestó que "desde el punto de vista administrativo es correcto y está perfectamente adjudicado", y apuntó que si alguien entendiese lo contrario "debería seguir los cauces oportunos, impugnarlo y esperar a que un tribunal le diese la razón".
Por otra parte, el Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Elche tomará una decisión en torno al concejal Antonio Amorós cuando la Comisión Ejecutiva Federal les comunique la situación del ex portavoz socialista en la Diputación alicantina como militante del partido.
