La indignación contra el paro imprevisto de los controladores aéreos se fue incrementando ayer en todos los ámbitos políticos y sociales, que no dudaron a la hora de pedir más dureza. PSOE y PP se enzarzaron en un durísimo cruce de acusaciones. Cuando hacía ya varias horas que estaba cerrado el espacio aéreo, el Gobierno declaró el estado de alarma, una decisión que el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, justificó por la actitud «insensata» de los controladores. Mientras el Gobierno trabajaba por recuperar la normalidad, los dos principales partidos políticos abrían un nuevo capítulo en su historial de desencuentros.
Desde Valencia, el primero en disparar fue el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que mostró su rechazo tajante «a un huelga salvaje e independiente. Un país no puede estar secuestrado dentro de sus fronteras por un colectivo profesional».
El portavoz popular ofreció su colaboración al ejecutivo socialista y explicó que «nosotros podemos actuar como intermediarios, ante la incapacidad de un gobierno superado por los acontecimientos». Pons también demandó al PSOE que «tome las medidas necesarias para encauzar la situación, incluyendo las penales». A su vez, el representante de Génova apuntó que «si tenían indicios de que podía pasar, el Gobierno tendría que haber actuado de otra forma: ¿Porque no idearon un plan alternativo de viajes?, ¿Porque no informaron a los ciudadanos y sí a los controladores?, ¿Porque no apostaron por alargar la puesta en marcha del decreto para después del puente más importante del año?».
González Pons también declaró que «en tres días hemos pasado de querer privatizar los aeropuertos a privatizarlos» y apuntó que «Zapatero debe dar la cara y explicar las razonas de la situación. No puede esconderse detrás de Rubalcaba».
Sus palabras fueron respondidas inmediatamente por el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, que acusó al PP de situarse «al lado de presuntos delincuentes» y «en contra de los ciudadanos» en un «ejercicio de obsceno oportunismo». «Sería bueno –añadió– que Rajoy y Pons respondieran a una pregunta, pues esa respuesta es hoy si cabe más urgente: ¿Qué han tratado con los controladores, de qué han hablado con ellos en las últimas semanas? Desgraciadamente, me espero lo peor».
Otro de los puntos de fricción fue el paradero de Mariano Rajoy. Los socialistas se quejaban de que el líder de la oposición estaba «en Fuerteventura disfrutando del sol», mientras que los populares aclaraban que se encontraba en Lanzarote y no precisamente de vacaciones, sino atrapado por la huelga de controladores. Y para que no hubiera duda, el líder de los populares recogía en un vídeo su experiencia en el aeropuerto de la isla canaria. «Los españoles nos quedamos en tierra» fue el título escogido para la pieza colgada en el blog rajoyenacción.com. «La información que nos dan es que probablemente no salga, pero tampoco nos dicen seguro que no sale con lo cual estamos en lo de siempre». Estas son las palabras que pronunciaba Rajoy tras conocer, en compañía del presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, que su vuelo posiblemente no despegaría.
El líder del PP tenía previsto viajar a Gran Canaria para pasar unos días de descanso con su familia, pero sus planes se han visto truncados. Por ello, contaba que su mujer y sus hijos «estaban en Madrid y se han vuelto para casa». «El problema de esto es que no sabemos cuándo vamos a salir de aquí», explicaba el político.
«Golpe durísimo al turismo»
Para el secretario general de Turismo, Joan Mesquida, el paro masivo de los controladores ha supuesto un golpe «durísimo» al turismo, ha ocasionado «consecuencias brutales» y pérdidas millonarias a las compañías aéreas, a las cadenas hoteleras y al sector en general. Mesquida también mostró su preocupación por el «golpe» que supone para la imagen de España en el exterior y para el sector, uno de los pocos, a su juicio, que está demostrando fortaleza y síntomas de recuperación.
Desde Canarias y Baleares, dos de las autonomías más afectadas por el cierre junto a la Comunitat Valenciana, se exigió dureza contra este colectivo e incluso el presidente canario, Paulino Rivero, exigió que se despida a los 2.400 controladores, al igual que hizo en 1983 el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan. La Xunta de Galicia, por su parte, trasladó su «total disposición» a colaborar con el Gobierno en el restablecimiento de la normalidad de los aeropuertos gallegos, así como a adoptar cualquier medida que sea de su competencia para mejorar la movilidad de las personas.
