El alzamiento del secreto de sumario del caso Gürtel ha evidenciado el hartazgo de las fiscales Anticorrupción ante la estrategia de desprestigio emprendida por el Partido Popular. La Fiscalía se quejó por escrito al juez instructor del caso en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, del acoso del PP. Las fiscales consideran que la situación es especialmente grave porque el grupo político utiliza su personación como acusación popular en la causa de la financiación ilegal para defender los intereses de las personas que están siendo investigadas.
La Fiscalía remitió el escrito a Pedreira después de que el juez ya hubiera apercibido una vez al PP, recordándole que en la causa está personado como acusación popular y no como defensa. La intervención del PP en el caso Gürtel ha sido muy polémica desde el principio. El juez Garzón impidió en un primer momento la personación de los populares como acusación, pero después Pedreira accedió a pesar de que altos cargos del partido estaban siendo investigados.
En el escrito que ha trascendido ahora, las fiscales Anticorrupción advierten de la "gravedad de las imputaciones vertidas" en la causa por los populares contra Interior, Hacienda y la propia Fiscalía. El documento se centra en el informe que el fiscal remitió a Pedreira para que la parte del sumario de la financiación ilegal se investigara por el TSJ de Valencia por la posible imputación de aforados.
El PP, desde su posición como acusación popular, recurrió el traslado de la causa a Valencia apuntando que el informe de la Fiscalía "parece evidenciar una postura persecutoria con respecto a Camps". El abogado de los populares incidió en que la Fiscalía General del Estado "actúa en esta causa con inquina ajena a motivos judiciales" contra el presidente de la Generalitat. Además, el recurso sostenía que el informe del fiscal carecía de "rigor y objetividad", era "tendencioso" y podría incluso rayar en "el fraude procesal".
Las fiscales apuntaron a Pedreira que él también era objeto del ataque porque asumió "expresa e integramente la argumentación de la Fiscalía para solicitar la inhibición" de la causa a Valencia.
La Fiscalía también lamenta el menosprecio a los agentes "de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, los inspectores de la Agencia Tributaria y los interventores del Estado" al acusarles de ser "peritos parciales del Ministerio Fiscal".
El escrito incide en que las "imputaciones vertidas" por el Partido Popular contra la Fiscalía, la Policía, Hacienda y la Intervención General del Estado son "innecesarias para la impugnación de una resolución judicial. Además, en el caso de una acusación popular es aún más exigible si cabe la corrección formal, toda vez que ni siquiera puede ampararse en la vehemencia de la defensa". La Fiscalía cierra su queja apuntando que, además, el ejercicio de la función constitucional de la acusación popular está "absolutamente alejado de la posición procesal de defensa".
