Tres años antes de obtener la autorización provisional (se le concedió un 19 de diciembre de 2005) que homologaba el centro como piso de acogida de mujeres víctimas de malos tratos y en riesgo de exclusión social, la Federación Nacional Mujeres en Igualdad ya estaba recibiendo subvenciones del Consell para gestionar 12 plazas en Torrevieja, según denuncia el PSPV. Desde 2002 hasta hoy, esa entidad vinculada al PP, ha recibido en torno a 1,3 millones de euros en virtud del convenio, renovado cada tres años, con la Generalitat.
Las entidades de la federación asociadas en Valencia y Castelló, la Asociación de Mujeres para la Igualdad y la Asociación de Mujeres Demócratas y Consumidoras, respectivamente, también han logrado ayudas para gestionar sendos pisos de acogida de 15 plazas, en el caso de Valencia, y 9, en Castelló. En total, el dinero adjudicado para estos programas sociales a las tres entidades de mujeres vinculadas a los populares (la nacional está presidida por Mercedes de la Merced y la valenciana, por la diputada autonómica, Esther Franco, con Adela Pedrosa en la directiva) ronda los dos millones de euros, según las cuentas de este diario a partir de la recopilación de subvenciones publicadas en el DOCV y las respuestas del vicepresidente Gerardo Camps y la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, al diputado socialista Antonio Torres.
"Como en las ONG o los vecinos"
El parlamentario del PSPV considera que el reparto de ayudas a dedo es más que discutible. "Es inmoral que la Generalitat dé subvenciones millonarias a su asociación de mujeres cuando dos de sus tres centros ni siquiera estaban acreditados. Las mujeres del PP no cumplen la ley", denunció el socialista, para lamentar que en una cuestión tan "delicada como las víctimas de los malos tratos, se esté también haciendo clientelismo puro y duro, igual que con las ONG o el movimiento vecinal". "Mangonear lo que puedan es la única ley del PP", sentenció Torres.
La Federación de Mujeres en Igualdad -antes Mujeres para la Democracia, hasta que en 2007 cambió el nombre- recibió en el primero de los convenios que firmó (2002-2005 unos 320.000 euros) para gestionar el centro de Torrevieja. Renovó esa adjudicación, según consta en respuestas parlamentarias que sitúan la ayuda de 2007 en 161.403 euros y 168.652 la de hace dos años. El pasado 3 de noviembre, el DOCV daba cuenta de una subvención de 172.500 euros, en el concurso marco de 224 plazas dotadas con 7 millones en tres lotes. En todo caso, no es el único dinero valenciano que llega a esa entidad estatal. El pasado 11 de febrero, logró 5.000 euros para un proyecto de inserción socio-laboral a través de un convenio con la Fundación Tolerancia Cero con las víctimas de los malos tratos.
La Asociación Mujeres por la Igualdad, la marca con la que operan las mujeres del PP en Valencia, ha obtenido desde 2002 hasta 2006 un total de 594.632 euros para gestionar el piso para 15 mujeres, a menudo con hijos a su cargo. La asignación arrancó con 68.243 euros y en el último año conocido -hasta ahí ha llegado la información aportada a las Corts- la cifra se situó en los 118.227 euros. En las tres anualidades precedentes osciló entre los 133.773 euros y los 138.233.
La Conselleria de Bienestar Social subvencionó, además, a esta entidad con 3.000 euros para impartir un curso sobre la píldora del día después. El mismo departamento, dirigido por Angélica Such, concedió por otra vía pequeñas ayudas de 771, 811 y 500 euros en los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente. El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, concedió otros 10.000 euros de ayuda. Son sólo una parte de las subvenciones logradas también para cursos y programas sociales al margen de los pisos para mujeres con riesgo de exclusión.
Otra de las funciones que desempeñan es la gestión de los llamados Puntos de Encuentro Familiar -habilitados para facilitar la reunión de los padres y madres con sus hijos por orden judicial-como es el caso de Paterna, donde la fundación pública de ayuda a las víctimas de los delitos, en especial de violencia doméstica, Favide cedió la administración de ese servicio social a la Asociación Mujeres por la Igualdad. La presidenta autonómica, Esther Franco, nombró a dedo a la directiva local que iba a llevar ese punto de encuentro.
Falta cualificación y experiencia
El diputado Torres subrayó que en Moncada, el alcalde, Juan José Medina, ya ha anunciado públicamente que dará ese servicio a la misma asociación de mujeres populares. Para el PSPV, es una muestra de "frivolidad e irresponsabilidad" que se den a dedo a entidades "sin experiencia, como Tyrius o estas asociaciones unos servicios tan sensibles, que requieren de gran especialización, atención psicológica a mujeres con hijo a su cargo y formación profesional".
La Asociación Mujeres Demócratas y Consumidoras de Castelló recibió en 2004 un total de 80.767 euros y 83.148 un año después, para mantener el piso de acogida para nueve mujeres con hijos a su cargo. El Ayuntamiento de Castelló también le concedió una ayuda de 3.900 euros y otros 1.900 euros para un curso de informática. Los 988 euros de Bienestar Social para esa entidad en 2005 es la ultima huella de la que se tiene rastro, si bien el PSPV ha reclamado toda la información desde entonces.
Por otro lado, el PSPV respondió la propuesta de Rus de mantener los 426 euros para los parados de larga duración y que los alcaldes los complementen con otros 180 que el Consell "ha abandonado a 87.000 familias sin ingresos" al no desarrollar y financiar una ley de renta garantizada de ciudadanía.
