Aquellas personas que llevan años participando en política saben que las fechas de aprobación muestran el carácter popular, consensuado y participativo de una ley. O, por el contrario, su naturaleza unilateral y oportunista.
El día 23 de diciembre, de puntillas y a escondidas -como cuando se conceden subcontratas públicas-, con las noticias oscilando entre el sorteo de la Lotería y la llegada de la Nochebuena, las Cortes aprueban la medida legislativa más importante para la juventud valenciana organizada de los últimos 20 años. Y lo harán sin gente, sin prensa, sin noticias, porque hasta el propio gobierno impulsor de la ley es consciente de su vacuidad, sus imprecisiones y su triste, patético y escaso contenido.
Somos conscientes de la necesidad de adaptación de una legislación hasta ahora demasiado antigua para ser efectiva. Lo que nunca podremos entender -ni como personas jóvenes, ni como ciudadanos, ni como militancia activa de nuestra sociedad civil- es que el camino seguido sea tan estéril, inútil, partidista e insultante para el trabajo que entidades y personas vienen desarrollando durante mucho tiempo.
La democracia es consenso y participación, nunca capricho ni carrera personal de promoción, como desgraciadamente tantas veces entienden los que ostentan responsabilidades variadas en nuestra Generalitat. Durante dos años se elaboró colectivamente un borrador de Ley de Juventud que recogía cientos de enmiendas del mundo asociativo, con la participación del Consejo Rector del IVAJ, el CJCV y las entidades que lo forman, variadas, plurales y representativas de una sociedad plural como es la nuestra. Sin embargo, esta propuesta fue sorprendentemente retirada por el propio gobierno del PP, a pesar de contar con el apoyo explícito del IVAJ. ¿Motivo? Nunca nos fue comunicado, pero parece que no podía permitirse una ley de consenso apoyada por un director general del IVAJ encuadrado en el zaplanismo.
Así, merced a los intereses partidistas del PP, pasamos de la mejor Ley de Juventud posible, o al menos la más democráticamente construida, a la peor y menos consensuada, sin ninguna reunión del consejo rector del IVAJ desde el año 2008. Una Ley de Juventud sin la juventud, con tal número de carencias que nadie puede entender objetivamente ni para qué se presenta, salvo si contamos con el objetivo encubierto de acabar con los espacios críticos y plurales del mundo asociativo juvenil valenciano.
Podríamos decir muchas más cosas de la ley, señalar los informes contrarios que ha recibido de varios de los órganos consultivos y jurídicos, o denunciar el coste económico -inexplicable en época de crisis- que supone el nombre de Generalitat Jove. Es insultante que crean que la juventud valenciana necesita una Minigeneralitat, donde suponemos podremos vestir minitrajes pagados por alguien. Podríamos decir que no se habla de participación, ni de transversalidad, ni de empleo, ni de derechos... Al final se impone una evidencia: la construcción colectiva de nuestra sociedad es imposible mientras se mantenga este gobierno. Porque hace mucho tiempo que dejó de entender lo que significa consenso, democracia y participación.
