El presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises por el Partido Popular, Enrique Crespo, se querelló en nombre de la Emshi el pasado 12 de noviembre por "estafa, administración desleal y malversación de fondos públicos" contra varios proveedores y dos administradores de la depuradora de Pinedo, Enrique Arnal y Esteban Cuesta, uno de los hombres fuertes de Rita Barberá en la ciudad de Valencia, donde fue ratificado en mayo presidente del distrito de Pedanías Oeste. De momento no ha sido suspendido de militancia.

En la querella se aportan pruebas de que muchos de los trabajos no se habían realizado. Según explicaba la denuncia, Reformas Rocafort, que facturó 3,4 millones de euros, "solo aportó trabajos de un oficial y un peón, no suministrando nunca material ni instrumental necesarios para la realización de obras, por lo que cualquier suministro de material reflejado en las facturas no se correspondía con la realidad [...] Las facturas no se correspondían con la realidad de las obras existentes en Emarsa, así como que las facturas no se habían hecho".

Por su parte, la empresa Valmasmark, según la querella en declaraciones de personal de la depuradora "manifiestan no conocer a la anteriormente citada empresay que nunca han visto a nadie de la citada empresa". Además, "las facturas son de imposible realización de los trabajos puesto que se refieren a inmuebles que no existen". Valmasark facturó más de 840.000 euros entre 2008 y 2010.

Sofitec Informática y Microprocesadores Valencia, según la querella, dijeron haber suministrado más material del que se pudo inventariar en la depuradora. El desfase puede ser escandaloso, puesto que con la liquidación de Emarsa solo había 30.000 euros en material informático pero desde 2004 se pagaron 4,4 millones por distintos servicios y suministros. En una depuradora.

A la denuncia de la Emshi también hay que sumar la que realizó el vicepresidente de Emarsa y alcalde de Albal, el socialista Ramón Marí. La Fiscalía de Delitos Económicos también ha realizado una investigación que ha trasladado al juzgado número 15 de Valencia y que también ha asumido. Al pasar a ser investigado por un juez tras admitirlo a trámite, el Ministerio Fiscal ya no seguirá con las pesquisas