El nuevo año arranca en la Comunitat Valenciana con unas expectativas bastante desesperanzadoras para cientos de miles de familias, que ven como su situación de desempleo corre el riesgo de cronificarse. Según se desprende de los últimos datos de la Encuesta Pública de Empleo (EPA), 263.000 valencianos llevan más de un año en situación de desempleo. Es decir, que el 44,6% de los parados de la Comunitat Valenciana son de larga duración. Casi la mitad de los 588.900 parados, según la EPA. Sin embargo, la situación más grave dentro de este segmento la padecen los desempleados que llevan dos años o más buscando empleo: 98.400 habitantes valencianos se encuentran en esa tesitura.

Los datos corroboran una situación tristemente establecida en territorio valenciano, hasta el punto de que esta autonomía está entre las punteras en parados de larga duración de toda España. La autonomía está casi dos puntos por encima de la media nacional.

Además, un reciente estudio de la empresa Adecco indica que la Comunitat Valenciana ha duplicado en los últimos tiempos el número de personas que lleva más de un año sin encontrar empleo. Sólo en Aragón se ha producido un aumento tan alarmante. Al margen de esto, la Comunitat Valenciana también anda a la cabeza en cuanto al tiempo de permanencia de cada parado, pasando en el último año de un promedio de 8,1 meses a 12,4 meses.

Mas allá de las estadísticas, la situación de los parados de largo recorrido está amenazada por la precariedad financiera de la administración, que aboca a los desempleados de larga duración a un incierto 2011. La ayuda del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), los famosos 426 euros que se conceden a los parados que ya han agotado su subsidio, termina el próximo 15 de febrero. Unos 150.000 valencianos han pedido esta ayuda desde que se puso en marcha en 2008. Sin embargo, a partir de febrero el acceso a las ayudas del Estado será mucho más complicado, y los 426 euros serán sustituidos por cursos de formación subvencionados.

Con todo, a los parados de larga duración de la Comunitat Valenciana aún les queda una última vía para optar a recursos públicos: la renta garantizada de ciudadanía de la Generalitat. Se trata de un apoyo de entre 385 y 453 euros —dependiendo del tamaño de la unidad familiar— que, sin embargo, sigue bloqueado por la falta de recursos del Consell, según denunciaron desde UGT hace unas semanas. Miles de familias tienen esta renta retenida en la Conselleria de Bienestar Social.

Además, en los próximos meses se espera una «avalancha» de nuevas peticiones en las dependencias de la conselleria; una renta garantizada que corresponde por ley a las familias sin recursos. Sólo en la provincia de Valencia se estima en alrededor de 3.000 las peticiones que han sido tramitadas durante 2010 pero que no se han retribuido, apuntaron fuentes de la conselleria.

Pese a todo, los efectos de la restricción de las ayudas no se ha hecho esperar. Desde que se conoció la finalización de las ayudas de 426 euros del Gobierno central, el Banco de Alimentos de Valencia ha recibido en apenas unos días en torno a un millar de peticiones de ayuda. La organización comprobó durante 2010 el agravamiento de la situación de miles de familias: el año pasado las peticiones de ayudas se incrementaron en un 115%. Y 2011 no se presenta más halagüeño.