Enrique Crespo, el que fue presidente del Consejo de Administración de Emarsa y presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), ha ampliado la denuncia que la entidad metropolitana presentó en el juzgado número 15 de Valencia que investiga la supuesta estafa de decenas de millones de euros en la depuradora de Pinedo. Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes jurídicas, Crespo solicita la imputación de 10 personas por diferentes delitos y pide nueve millones de euros de fianza para el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, y su director financiero, Enrique Arnal. Cuesta y Arnal, junto a otros tres empresarios, ya están imputados por el juez que investiga el caso por presuntos delitos de estafa, malversación de fondos públicos y delito societario por administración desleal.
Las fuentes consultadas afirmaron que la querella, que ya investiga la Justicia, fue interpuesta el pasado jueves ante el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, según confirmaron fuentes cercanas al caso. En la nueva denuncia, las mismas fuentes explicaron que Crespo solicita al juez que impute a los administradores de seis subcontratas de Emarsa, dos trabajadores de la depuradora de Pinedo y dos representantes de la auditora que validó las cuentas mientras se generó el agujero de 17 millones que obligó a liquidar Emarsa. Estas personas, si el juez admite la querella, se sumarían a los cinco imputados que ya son investigados.
Entre los seis empresarios sobre los que se solicita imputación se encuentra el concejal del PP de Albuixech, José Alcácer, administrador único de la empresa de transporte de lodos Hispavás. Como ya publicó este periódico, según un informe de la Emshi, entidad que asume el coste del agujero, la firma de Alcácer podría haber facturado a Emarsa más de 200.000 euros por servicios no realizados. Según las mismas fuentes conocedoras de la denuncia presentada el jueves pasado, también se solicita la imputación de los propietarios de las empresas de lodos, Printergreen y Notec, ambas por servicios de tratamiento de lodos cobrados y no realizados.
El propietario de una empresa de viajes de Benimàmet, en la que la depuradora se gastó solo en 2009 140.000 euros, así como la representante legal de la agencia de azafatas que cobró 113.000 euros a Emarsa, también han sido denunciados. Además, el representante legal de una academia que cobró a Emarsa miles de euros se incluye en la denuncia, según confirmaron fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes explicaron que la ampliación de la querella incluye a los trabajadores de la empresa auditora Mazars, ya que validaron todas las auditorías mientras se cometía la estafa y no vieron irregularidades hasta 2010. Además, se añade en la nueva denuncia la solicitud al juez para que impute a dos trabajadores de la extinta empresa pública. En concreto, se trata del secretario del Consejo de Administración de Emarsa, Blas J. Pérez Blesa, y del jefe medioambiental de la depuradora de Pinedo, Adolfo Polo Baixauli.
La nueva querella pide que se llame a declarar a dos testigos para certificar que los lodos no se depositaron y al propietario de la empresa que vendió a Emarsa 10.000 euros en bolis.
