El conseller de Solidaridad y portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, ha encomendado la querella por injurias y calumnias contra los diputados de la oposición en las Corts que lo acusaron de estar detrás de una supuesta red de ONG para captar fondos de cooperación al abogado y alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, y al letrado José Antonio Prieto Palazón. Blasco ha dado poderes a Ibor y a Prieto para interponer la querella anunciada contra los socialistas Ángel Luna y Clara Tirado y los parlamentarios de Compromís Mònica Oltra, Mireia Mollà y Enric Morera.

Se da la circunstancia de que Prieto cobró en 2009 del Ayuntamiento de Paiporta al menos 216.000 euros por los servicios jurídicos prestados al consistorio y que le fueron adjudicados a dedo, según la denuncia que el colectivo local de Compromís presentó a principios de año ante la Fiscalía. Compromís, que considera el gasto jurídico del ayuntamiento desorbitado, denunció un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, de los que responsabilizó a Ibor y, como "colaborador", a Prieto. A su vez, el alcalde presentó una demanda de conciliación previa a una querella contra los responsables locales de Compromís por imputarle delitos a él y al citado letrado.

En la denuncia, la concejala de Paiporta Isabel Martín exponía que el gasto jurídico del ayuntamiento en 2009 fue de 343.301 euros, de los que 216.563 corresponden a Prieto, 20.012 de facturas fechadas en 2008 y 196.551, de 2009. Entre los pagos, figuran 54.105 euros por el estudio sobre formalización de contrato con FCC y 48.436 por un procedimiento contencioso. Martín señalaba que los pagos vulneran la ley de Contratos, ya que, pese a la cuantía, se materializaron como contratos menores (sin siquiera pedir tres ofertas) y añadía que es "notoria la amistad que une al alcalde y al abogado adjudicatario". La edila ha pedido el gasto en 2010.

Ibor señala en su demanda que en la denuncia de Compromís se alude a otro abogado contratado en la anterior legislatura por el mismo procedimiento -que justifica en que sólo así se pueden cumplir los plazos- pero Compromís no le imputa delitos, ni tampoco al anterior alcalde. Y pregunta qué participación tuvo Mollà en la redacción o divulgación a los medios de la denuncia de Compromís. Mollà acude hoy al juzgado de Elx al acto de conciliación previo a la demanda de Blasco, con la intención de reafirmarse en su denuncia política.