Los fiscales perseguirán por la vía penal, y no sólo dejarán en sanción administrativa, a los conductores que practiquen "acoso" a un ciclista al vulnerar "el deber de cautela y moderación de velocidad", y se aproximen a él "dando acelerones, presionándole para que se aparte y originándole una situación de tensión, temor y humillación que pueden desequilibrarlo psicológicamente con el grave peligro para su vida e integridad física". Esta conducción temeraria, si genera una situación de peligro y a pesar de que no llegue a causar un accidente, conlleva una pena "de 6 meses a 2 años de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años".
La pena no es nueva: aunque pocos la conozcan y apenas se aplique, ya existe en el código de circulación. Pero ahora, el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, en un largo escrito de 15 folios, ha dado un toque de atención a los fiscales y les recuerda que estos supuestos han de superar el ámbito de la sanción administrativa y adentrarse en el terreno penal.
Al mismo tiempo que la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 prepara medidas para estimular en ciudad y carretera el uso de la bicicleta (23 millones de españoles ya tienen una bici y 15 millones la usan para hacer deporte o pasear), la Fiscalía ha asumido la tarea de adaptarse a los nuevos usos sociales y dar a los ciclistas "la adecuada protección que necesitan", en palabras de Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal adscrito a la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial.
A más uso, mayor protección
En conversación con este diario, el fiscal afirma que, "dado que se está incrementando el uso de la bicicleta en toda España, la labor de la Fiscalía es incrementar y homogeneizar la respuesta penal en todo el territorio nacional". Más claro todavía: "Con esto queremos dar un toque de atención a los fiscales y a los ciudadanos y señalarles que existen determinadas conductas con respecto a los ciclistas que hasta la fecha se venían considerando como sanción administrativa, o incluso se entendían como tolerables en el desarrollo del tráfico, y que nosotros consideramos que podrían llegar a tener una respuesta penal aun en el caso de que no se produjera ninguna lesión del ciclista", asegura el fiscal.
Detrás de esta alerta fiscal hay una intención de prevención general para que la ciclomanía no se traduzca en incremento de la siniestralidad. En España, en 2008 hubo 2.971 accidentes con ciclistas y 54 muertos y 2.802 heridos. En 2009, subieron a 3.469 accidentes con 54 muertos y 3.262 heridos. El año pasado, los fallecimientos se incrementaron un 2%, según datos del Observatorio de Seguridad Vial.
A juicio de la Fiscalía, "la tutela penal queda circunscrita a los casos de mayor gravedad, de comportamientos intolerables que lesionan o ponen en peligro la vida e integridad física del conductor de la bici". Y pone cuatro grandes ejemplos aludiendo a jurisprudencia donde ya se ha aplicado la vía penal.
El primero son "los adelantamientos o aproximaciones a ciclistas en la calzada sin respetar la distancia reglamentaria -1,5 metros- (...) obligándoles a echarse a un lado, cayendo o no sobre la acera o arcén y originando la situación de riesgo exigida". También se pide castigo penal cuando el adelantamiento ponga en peligro al ciclista que circula en sentido contrario.
El segundo supuesto en el que pide más mano dura la Fiscalía es en los "adelantamientos a ciclistas a velocidad alta que por las turbulencias en el aire generadas necesariamente provoca la desestabilización del ciclista y la caída o riesgo grave de caer e incluso ser arrollado por otros participantes en el tráfico viario". Es importante percibir el matiz: aunque no haya caída, si existe riesgo grave de caída por una conducción temeraria, debe aplicarse una sanción penal que podría llegar a los dos años de cárcel.
Dos supuestos penales
El tercer aspecto sobre el que llama la atención la Fiscalía en su documento es el "acoso al ciclista al vulnerar el deber de cautela y moderación de velocidad" mencionado al principio. Por último, el cuarto supuesto para el que se recomienda la vía penal -siempre que se cree una situación de peligro concreta- es cuando no se respeta "la preferencia del ciclista" y se está "a punto de atropellarle".
Para estas infracciones, que hasta ahora quedaban en sanción administrativa o en nada (sobre todo si no había accidente), la Fiscalía insiste ahora en la vía penal. "De este modo, queremos alertar a todos de la vulnerabilidad de los ciclistas, que no son más que peatones subidos a unos hierros, y del derecho que tienen a integrarse en la circulación porque es necesario por razones medioambientales, saludables y de movilidad", añade el fiscal.
Sin noticias de los apedreadores de bicis
La vulnerabilidad de los ciclistas se hizo más patente que nunca a principios de febrero, cuando "Levante-EMV" reveló las agresiones de unos lanzadores de piedras que atacaban a ciclistas mientras circulaban por la carretera de El Saler y en la vía que va de Torrent a Ca La Curra. También se registraron dos denuncias en la carretera N-340 a la altura de Peñíscola y en la carretera que une Nules y Onda. Pese a que hubo denuncias ante la Guardia Civil, nada se supo de los agresores.
