Los planes privatizadores de servicios públicos de la Generalitat que el PPCV lleva en su programa electoral para reducir el gasto público podrían acabar en los tribunales. El Tribunal Constitucional (TC) acaba de dictar una sentencia en la que da luz verde a los sindicatos para que en determinadas circunstancias recurran los procesos privatizadores, una puerta que hasta la fecha estaba cerrada porque los tribunales valencianos negaban de manera sistemática la legitimidad para hacerlo.
En concreto, la resolución del alto tribunal concede el amparo a la Federación de Servicios Públicos de la UGT para recurrir la privatización que el Consell llevó a cabo hace diez años de un centro de menores en Castelló. En mayo de 2001 la Conselleria de Bienestar Social sacó un concurso para el desarrollo de tareas organizativas, asistencia y seguimiento en el Centro de Reeducación de Menores Pi Gros de Castelló de la Plana.
El sindicato inició un litigio que le ha llevado hasta el Constitucional para paralizar un procedimiento administrativo que entendían suponía la privatización de la gestión de un servicio público. El sindicato defendía que el contrato implicaba poner en manos privadas potestades reservadas al ámbito público, como eran la ejecución de medidas impuestas por los juzgados de menores o la posibilidad de imponer sanciones. Además, exigían que el centro estuviera dirigido por un funcionario público para que tuviera la consideración de órgano administrativo. Además, se alegó que en el centro prestaban servicios funcionarios públicos que fueron trasladados a otros lugares como consecuencia de la privatización.
Sin embargo, el recurso de UGT no llegó a analizarse porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, primero, y después, el Tribunal Supremo, negó al sindicato legitimación para impugnar la licitación al entender que se trataba de un acto administrativo. Tras una batalla judicial de una década, el sindicato defendido por el abogado José Antonio Pla ha logrado que el TC le de la razón al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales.
El fallo consideraba probado que la más inmediata consecuencia de la decisión administrativa fue la sustitución de personal funcionarial por otro no funcionarial al frente de los servicios educativos y directivos del centro. El TC ve claro que ante una eventual estimación de recurso administrativo tanto el sindicato demandante como los funcionarios afectados "evitarían los perjuicios denunciados, en la medida en que recuperarían los puestos de trabajo, a los que podrían retornar los directamente afectados o bien optar a ellos otros funcionarios". "Motivo suficiente -añade la sentencia- para fundamentar la conexión de interés del sindicato demandante". Por todo ello, le otorga el amparo y declara la nulidad de todas las sentencias desestimatorias que implica "retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior". Es decir, obliga al alto tribunal valenciano a admitir el recurso del sindicato y pronunciarse sobre el fondo.
Aunque el Constitucional no entra a discutir la legalidad de la privatización del centro de menores de Castelló, abre la vía legal para, llegado el caso, anular la contratación de la Conselleria de Bienestar, un camino que la FSP-UGT no dudará en transitar. Es más, aunque el fallo no puede aplicarse a otros procesos privatizadores del pasado -hubo más casos similares aunque UGT sólo llevó al TC el de Castelló- resulta evidente que supone un revulsivo para los sindicatos en su lucha para evitar futuras privatizaciones o externalizaciones de de servicios públicos, una práctica habitual en la Administración y que aparece recogida como proyecto de futuro en el programa electoral del PP.
De hecho, el responsable del sector de autonómicas de la Generalitat, Gonzalo Fernández, avanzó ayer a Levante-EMV que el fallo del Tribunal Constitucional será un "salvavidas" de cara al programa electoral del PPCV. Fernández resaltó la trascendencia del fallo, ya que, sostiene, una vez legitimados para recurrir, el sindicato cuenta con jurisprudencia de sobra para invalidar la privatización de servicios cuando afectan a funcionarios o suponen cesión de potestades públicas. Puso el ejemplo de de concesiones como el 112 o la atención telefónica que en su día estaban en manos de funcionarios.
Fernández avisó que a partir de ahora su sindicato llevará a los tribunales todos los procesos que supongan supresión de servicios públicos a favor de empresas privadas. Añadió que no se trata de una cuestión de interés estrictamente sindical sino que afecta al interés general ya que toca el estado del bienestar.
