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Seis meses sin cobrar y cuarenta días yendo a trabajar a un piso tutelado y absolutamente vacío, que gestiona una asociación afín al PP, manteniendo los turnos y con guardias localizadas las noches y fines de semana a pesar de que en el inmueble no queda ni un alma. La vivienda con quince plazas y situada en el centro de Valencia, que financia la Conselleria de Bienestar Social a través de un contrato con la asociación Mujeres en Igualdad, es desde hace unas semanas un inmueble fantasma.

Durante los últimos seis meses las trabajadoras han alertado de la situación de precariedad económica a todas las instituciones al dar a conocer la situación irregular de la vivienda por la deficiente gestión de las responsables y la falta de solvencia económica.

La Conselleria de Bienestar Social, la Diputación y la Dirección General de la Mujer ignoraron la zozobra y preocupación de las trabajadoras no sólo por el impago prolongado de su nómina sino porque la falta de dinero afectaba al bienestar de las mujeres y los niños en riesgo de exclusión. La situación llegó a ser tan límite que no había ni para un bono-bus y las beneficiarias tenían que desplazarse a pie. "La falta de dinero era algo desquiciante, pero era la rutina diaria", indicaron las empleadas.

La alerta saltó cuando el 20 de abril, con la Semana Santa en ciernes, y ante la precaria situación económica del centro donde sólo quedaban 24 euros en caja para alimentación, higiene, farmacia, transporte, pañalesÉ, las empleadas presentaron un escrito por el registro de entrada de la conselleria informando que la comprometida situación económica del piso afectaba ya a la calidad de vida de los usuarios tutelados (se cortó el teléfono, avisos para cortar la luz) y dos horas más tarde tres taxis acudieron a la vivienda para evacuar de emergencia a los beneficiarios (tres madres y tres hijos) que tuvieron que abandonar la casa atropelladamente.

Las trabajadoras han criticado que Bienestar Social, tras la intervención, no ha exigido responsabilidades a la asociación Mujeres en Igualdad, que preside Inmaculada Martínez Cervera, ni a la directora del centro, Begoña Brosel, que por contrato recibe 219.000 euros anuales.

Ahora, con el piso vacío la asociación cobra de la conselleria por la reserva de las 15 plazas 5.300 euros al mes.

Brosel declaró a Levante-EMV que todavía no sabe si cerrará el piso y respecto al impago de seis meses a las trabajadoras, respondió: "el incumplimiento es de ellas", sin explicar más.

Un plan de viabilidad inexistente

Cuando la situación empeoró, las empleadas solicitaron a la directora un plan de viabilidad a dos años que Brosel nunca presentó.

Según han reconocido las empleadas, los fondos para el mantenimiento del piso se obtenían pasando a la conselleria facturas que se daban como pagadas que no se habían satisfecho (nóminas y TCs).

En diciembre y según su testimonio, se les hizo firmar que ha-bían cobrado la nómina del mes sin ser cierto, precisamente para recibir ese dinero que ellas aún no han percibido. Bienestar Social ha anunciado que rescindirá el contrato del piso con la asociación.

Bienestar Social

actuó tras la denuncia

La Conselleria de Bienestar Social asegura que en agosto de 2010 se asignó por concurso público a la Asociación Mujeres en Igualdad la gestión de un piso tutelado de 15 plazas para mujeres y niños en riesgo de exclusión. La entidad adjudicataria justifica los gastos del mes y se abona. En marzo la conselleria detectó que no se habían presentado la facturas pero no intervino hasta que las empleadas denunciaron la precariedad. Bienestar Social tiene previsto rescindir el contrato con la asociación. Ante la crítica de las empleadas de la falta de inspección por parte de la conselleria, un portavoz indicó que "todos los meses hay reuniones con los representantes de los centros para comprobar cómo se encuentran las mujeres y los niños que tienen a su cargo. p. g. b. valencia