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El caso Brugal empezó como una revancha entre empresarios por la concesión de unas contratas de basuras. A día de hoy, es un sumario con más de 30.000 folios. 37 personas están imputadas, más de 80 acusados por el Fiscal. En su mayoría hay cargos públicos del PP, pero también empresarios y promotores inmobiliarios que llevan años haciendo negocio a costa, presuntamente, del erario público. La trama de los residuos ha crecido: Una investigación se centra en la concesión de la contrata de basuras de Orihuela y en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos en la comarca alicantina de la Vega Baja. Ha salpicado hasta Calp, donde ya acumulan 11 imputados, entre ellos el exalcalde Javier Morató.
La otra derivada investiga la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. Bien porque los protagonistas tenían la costumbre de grabar sus conversaciones (como en el caso del empresario Ángel Fenoll) como porque la Policía, por orden del juez, también las ha recogido, los diálogos entre políticos y empresarios, descubren la familiaridad de las relaciones y cómo el poder político pasa a confundirse con regalos, favores y adjudicaciones. Alrededor de dos empresarios circula la trama. Fenoll desde Orihuela controla el negocio de la basura en gran parte de la provincia. Su relación con Ripoll y diversos políticos de Orihuela y Calp se ha destapado en forma de imputaciones. En otro sentido, está Enrique Ortiz. Un promotor inmobiliario que controla directa o indirectamente el 70% del suelo urbanizable de Alicante; máximo accionista del Hércules CF y presidente del grupo Cívica, que gestiona diversas contratas municipales que van desde la recogida de basuras hasta la limpieza viaria. Sus relaciones con la alcaldesa de Alicante,Sonia Castedo, o el exalcalde Díaz Alperi, han ensombrecido la gestión del consistorio.
