La Delegación del Gobierno ha empezado a notificar multas a los "indignados" que considera que realizaron algún tipo de infracción administrativa durante las manifestaciones y concentraciones de los meses de mayo y junio en Valencia y otros municipios. Las cuantía de las sanciones son de hasta 601 euros si son leves, entre los 601 y los 6.010,12, si se consideran graves, y pueden alcanzar a los 600.000 euros si se tipifican como muy graves, aunque este periódico no ha detectado ninguna de este tipo. El departamento dirigido por Ana Botella da la posibilidad de acabar con el procedimiento administrativo y así evitar mayores multas si se abonan 301 euros.
Fuentes del 15-M en Valencia aseguraron a Levante-EMV que unas diez personas que participaron en las acciones del movimiento ya han recibido sanciones y tienen un plazo de 15 días para presentar las alegaciones. Las mismas fuentes esperan que los multados lleguen a la veintena conforme avance el mes. En el Puerto de Sagunto también han abierto un expediente administrativo a un joven que protestó en el interior de una sucursal bancaria del BBVA.
Según una denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, la Delegación del Gobierno acusa a uno de los "indignados" de "originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal", faltas tipificadas en el artículo número 23 letra n de la ley sobre protección de la Seguridad Ciudadana. En otros casos se acusa a las personas que han recibido notificaciones de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Identificaciones de la policía
Las personas que reciben notificaciones son las que la Policía Nacional identificó y multó en los días de las manifestaciones. Las sanciones son administrativas por lo que no tienen la catalogación de delito, ya que se ha utilizado la ley sobre protección de la Seguridad Ciudadana en lugar del Código Penal. Es la propia policía la que presenta la denuncia contra los "indignados".
A estas sanciones hay que añadir los cinco detenidos en las cargas policiales del día 9 de junio ante las Corts Valencianes. Estos "indignados" pasaron varias horas en los calabozos de la comisaría de Zapadores y se les llegó a imputar un delito.
Tanto las cinco personas que fueron detenidas como la cascada de multados que están apareciendo durante este mes de agosto tienen el asesoramiento de la Comisión Jurídica que constituyó el 15-M en Valencia. Una veintena de abogados ayuda a los "indignados" en las gestión de los problemas judiciales.
En la actualidad ya no quedan "indignados" en la Plaza del Ayuntamiento aunque el movimiento sigue en marcha. Ayer se reunieron para valorar las medidas de protesta contra la visita del papa a Madrid.
