El Ejecutivo valenciano prepara una ley para reordenar el sector público valenciano en la que, entre otras cuestiones, se prohibe de manera expresa los contratos blindados al tiempo obligará a todas las empresas, organismos y fundaciones dependientes de la Generalitat a airear sus plantillas. Al menos, esa es la previsión que fija la nueva ley de Gobierno y del sector público de la Generalitat cuyo borrador ha tenido acceso Levante-EMV. La norma tiene como objetivo fundamental reordenar el sector público de la Generalitat, un apéndice de la Administración que ha ido aumentando de tamaño de manera descontrolada (en la actualidad hay más de 130 entes, entre empresas, organismos y fundaciones públicas) y cuya opacidad en la gestión ha permitido excesos en el gasto.
El borrador de esta ley estaba ya prácticamente ultimado al final de la legislatura, aunque todavía no ha sido llevada al pleno del Consell ni dictaminada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC). La prioridad del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, es que el Consell apruebe el próximo mes de septiembre el decreto de creación de la corporación de empresas públicas, una suerte de holding que servirá para uniformar y poner bajo un mando único el sector público de la Generalitat.
Al margen de esta corporación, el Consell ve necesaria una nueva ley que, además de actualizar la ley de Gobierno de 1983, dote de una normativa propia al sector público, hasta ahora sólo regulado a través de la ley de Hacienda. En el la exposición de motivos, el Consell admite la "inseguridad jurídica" que ha generado el volumen y dimensiones adquirido por el sector público, a lo que se une la inexistencia de una regulación que unifique criterios y denominaciones. Admite además que es necesario dotar al sector de "una mayor publicidad y transparencia", para lo que, entre otras cuestiones, se creará un registro de entes en el que se anotarán las altas y bajas y modificaciones que afecten a los citados entes.
Incluye además medidas tendentes a acabar con el oscurantismo que envuelve a la mayoría de estos organismos. Así, la ley obligará a hacer públicas todas las plantillas de las empresas, entes y organismos públicos, al tiempo que impedirá que en la contratación de personal directivo profesional se pacten "clausulas indemnizatorias por extinción de la relación laboral". La relación de puestos de trabajo deberá publicarse anualmente el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
El coto a los llamados contratos blindados, que forman parte de la historia oculta de la Generalitat, es una de las limitaciones en materia de contratación recogidas en la l. Además, con carácter general, se asimilarán los sueldos de los directivos a los que perciben los directores generales de la Generalitat. En concreto, el borrador del anteproyecto de ley al que ha tenido acceso Levante-EMV establece "la previsión de que ninguna persona titular o miembro de los órganos de gobierno o gestión de los entes, pueda percibir retribuciones superiores a las previstas anualmente para las personas titulares de las direcciones generales, salvo causas justificadas, y previa autorización del Consell".
Además, se establece que los entes del sector público contarán con el personal "necesario" para el cumplimiento de sus fines, "sin que puedan tener a su servicio personal eventual".
Eso sí, no se hará tabla rasa con los salarios de manera inmediata. Los nombramientos anteriores a que la ley entre en vigor gozarán de una dispensa de dos años. Así lo recoge la disposición transitoria primera al establecer que "durante el plazo de dos años, y en todo caso hasta que se produzca el cese efectivo de acuerdo con la normativa aplicable y lo pactado en el contrato, subsisten los nombramientos que a la entrada en vigor de esta ley no se ajusten a sus determinaciones".
Los contratos blindados en empresas y organismos públicos ha sido una práctica generalizada en la Generalitat. Durante años el Consell se ha negado a proporcionar a los distintos grupos de la oposición las cantidades pactadas, y sólo han trascendido a la opinión pública cuando la Sindicatura de Comptes se ha hecho eco de algunos de estos contratos en sus informes.
Leyes derogadas
La aprobación de esta ley supondrá la derogación de la ley de Gobierno que data de 1985, así como el artículo 5 del decreto legislativo por el que se aprobó el texto refundido de la ley de Hacienda Pública y que hace referencia a la denominación de los organismos que conforman el sector público.
