La ILP impulsada por Acció Cultural, que inicia ahora su tramitación en el Congreso, en cuyo proceso puede sufrir modificaciones, tiene por objeto "garantizar la recepción directa de las emisiones de radio y televisión autonómicas realizadas total o mayoritariamente en las lenguas incluidas en el ámbito de protección de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en las otras comunidades autónomas con las que compartan lengua utilizada en una forma idéntica o similar". Pero va más allá al incluir una disposición transitoria referida a los repetidores de ACPV clausurados por el Consell, señalando que, mientras "no se aprueben y sean de aplicación plena las previsiones" de la ley, el Gobierno "adoptará las medidas oportunas para salvaguardar el respeto a las iniciativas públicas o privadas que hayan permitido la recepción" de las emisiones "de una misma lengua en comunidades limítrofes", "garantizando el mantenimiento de dichas emisiones". Esto es, un aval inmediato, una vez se apruebe la ley, para que los repetidores puedan volver a emitir, aunque no afectaría a las multas.
La iniciativa ata todos los cabos para asegurar el alcance de la norma al precisar que las lenguas incluidas son "la lengua catalana, de conformidad con los estatutos" de las Comunidades de Cataluña, Baleares y Valenciana, "donde recibe el nombre de valenciano"; el gallego; el euskera; y el occitano. Respecto al catalán, abre también la vía a que pueda verse "en los territorios de la Región de Murcia donde es tradicional".
El texto también indica que el Gobierno "asegurará" los múltiplex de titularidad estatal "que sean necesarios" para garantizar estas recepciones. El Consell justificó el veto al no tercer un tercer múltiplex mientras el Ejecutivo central sostiene que no sería necesario.
