La Plataforma Ciudadana contra la instalación del almacén Temporal Centralizado (ATC) en Zarra (Valencia), asegura que, "a día de hoy, confía plenamente en la palabra dada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que el pasado 11 de noviembre, en su visita a la localidad de Ayora expresó personalmente a los miembros del colectivo su rotundo rechazo a la instalación, que ya mostró con anterioridad por su predecesor en el cargo y por todos los grupos de las Corts".
En un comunicado, la entidad recuerda que la Generalitat ya reconoció que los terrenos de Zarra no son adecuados para esta instalación, así como que comprometería la seguridad de los valencianos, "motivos, entre otros, por los que le resultó imposible tomar la decisión al exministro Miguel Sebastián en los últimos dos años".
"Ello sin olvidar --añaden estas fuentes-- que el procedimiento requiere un consenso institucional que nunca ha existido". Esta instalación ha sido rechazada por la Federación de Municipios y Provincias Valenciana, por la Diputación de Valencia y por la propia Generalitat, como han hecho el resto de comunidades autónomas afectadas por este proceso.
"El rechazo expresado por Fabra demuestra que el presidente valenciano no está dispuesto a aceptar la colocación en su territorio de una instalación intrínsecamente peligrosa, sólo por la recomendación de un exministro con un desmedido interés en endosar este indeseable cementerio", afirman e la misma línea.
La Plataforma considera que si el 'president' "se sigue negando a convertir su comunidad en el basurero nuclear de todo el estado y, que ha sido rechazado por todas las comunidades autónomas implicadas en el proceso, no existe ninguna posibilidad de que acepte ahora esta instalación".
"Nadie, absolutamente nadie, creería a estas alturas que pudiera tomarse la decisión sin que el presidente de la Comunitat diese su consentimiento, aunque fuese de forma tácita, dejando de lado los intereses y la seguridad de todos los valencianos, a cambio de otros oscuros intereses", aseveran los responsables de al Plataforma, que señalan que este la oposición de Fabra al proyecto fue reiterada por él mismo esta semana durante una visita a Crevillent (Alicante).
Desde la Plataforma se considera "conveniente y necesario que el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, se plantee cuáles han sido los motivos que le han impedido a Sebastián tomar la decisión en los casi dos años que han transcurrido desde que se hiciese pública la candidatura de Zarra".
"Tal vez esta falta de decisión haya podido tener que ver con que, según mandato de las Cortes Generales, el proceso de ubicación del Cementerio Nuclear debía llevarse a cabo con un consenso institucional, que nunca ha existido en la Comunitat. Tal vez con que, desde la Plataforma se cuestionó si a Sebastián le valía como interlocutor el alcalde de Zarra, quien --en su momento-- fue puesto a disposición de la justicia por presuntas prevaricación y estafa de especial gravedad".
"O quizás --prosiguen-- porque nadie quiso verse salpicado por un posible escándalo, porque los terrenos donde pretende instalarse el basurero nuclear, en su momento, fueron comprados por un entramado de empresas copropiedad de un alto cargo político valenciano, y que pese a oportunos cambios de titularidad, es posible que, éste o su entorno familiar, sigan estando relacionados con los enormes beneficios que podría generar este pelotazo urbanístico".
Todo ello sin olvidar, precisan, que, "tal y como se demostró con el contrainforme elaborado por la Plataforma y remitido a todos y cada uno de los miembros del gobierno de Zapatero, incluido el propio Presidente, el informe en el que Sebastián pretendía fundamentar su decisión estaba plagado de errores y valoraciones subjetivas que poco tienen que ver con el rigor técnico mínimo, que requieren este tipo de decisiones".
Procedimiento "viciado"
Ahora el nuevo Gobierno "tiene la obligación y la responsabilidad de dilucidar este asunto y decidir con equidad un procedimiento que nació viciado".
La Plataforma anti ATC ha demostrado, en estos dos años, "que no está dispuesta a aceptar una resolución arbitraria y confía en que la razón y el rigor se impongan de una vez; de no ser así, se continuará con las movilizaciones en la Comunitat Valenciana y en Castilla-La Mancha, porque los hijos de esta tierra no van a tolerar este atropello", sentencian.
