El vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau —entidad que financió la mitad del canon solicitado por el Instituto Nóos por organizar las tres ediciones del Valencia Summit— admitió en el interrogatorio ante el fiscal y la policía que la figura del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, fue determinante para dar el visto bueno al convenio. Según declaró ante el fiscal y la policía la fundación que preside aprobó el proyecto con el Instituto Nóos «porque la persona que estaba al frente era Iñaki Urdangarín y se suponía que tenía capacidad para organizar un evento de estas características». También el gerente de la fundación de Turismo, José Salinas, reconoció que la «notoriedad y posición» del yerno del Rey en la entidad pudo influir en la decisión de aprobar el contrato, así como en el precio fijado.
Grau y Salinas declararon en calidad de testigos en dependencias judiciales de la Ciudad de la Justicia el pasado1de diciembre. Ese mismo día y en el mismo lugar, aunque en distinta hora fueron interrogados en calidad de imputados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos los exdirectores de Cacsa, Jorge Vela y José Manuel Aguilar; así como la exdirectiva Elisa Maldonado. El distinto trato judicial otorgado a unos y otros ha llamado la atención a los propios afectados que no entienden el por qué el juzgado ha decidido imputar a los cargos de Cacsa y no a los de la fundación que controla el Ayuntamiento de Valencia habida cuenta de que ambas instituciones rubricaron el contrato con Nóos y pagaron a medias tanto el canon, como los gastos de logística e infraestructuras que ocasionaron las tres ediciones del evento deportivo.
Fuentes conocedoras del caso achacan esta situación al hecho de que la fundación de Turismo, a pesar de estar participada por el ayuntamiento, es una entidad privada que también se nutre de fondos privados. De hecho, en su declaración tanto Salinas como Grau recalcan que los ingresos privados se han ido incrementando con el paso de los años y que la voluntad del patronato de la Fundación Turismo Convention Bureau era desde su creación lograr la autofinanciación y no depender del sector público. La mano derecha de la alcaldesa Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia defiende que la entidad no tenía obligación de exigir justificación de los gastos por no tratarse de una empresa pública.
No se reunieron con Urdangarín
También Salinas y Grau coinciden a la hora de desentenderse de la redacción del contrato que firmaron junto con los responsables de Cacsa con el Instituto Nóos. El vicealcalde sostuvo ante los investigadores que el convenio fue confeccionado por Cacsa y que el peso de las negociaciones con Urdangarín y su entonces socio Diego Torre se llevaron desde la empresa pública dependiente de la Generalitat. Es más, según Grau, no llegó a reunirse personalmente con nadie del Instituto Nóos. Según dijo, no conoce a Torres y a Urdangarín lo saludó en una ocasión. Añadió que el gerente Salinas tenía capacidad suficiente para llevar las negociaciones. Sin embargo, tampoco Salinas llegó a relacionarse con los representantes del Instituto Nóos. Delegó en el subdirector de la fundación, Jaume Matas, los contactos con la entidad.
Grau y Salinas dieron a entender en su declaración que, pese al desembolso que supuso para la entidad el contrato con Nóos, no estuvieron muy al tanto de los pormenores del convenio. Ambos reconocen que no se solicitó informe jurídico interno y consideran normal que, al margen del canon, tanto la fundación como Cacsa, se hicieron cargo de los gastos de logística e infraestructuras. A Grau no le sorprendió el precio pagado porque «las tarifas son tremendamente variables en función del tipo de personalidades que se puedan traer».
