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La deuda del Consell alcanza los 4.335 euros por habitante

Los números rojos de la C. Valenciana representan el 15 % del endeudamiento de todas las autonomías - La Generalitat se muestra impotente para frenar la tendencia y los indicadores empeoran mes a mes

 01:48  

PERE ROSTOLL
VALENCIA
La magnitud del «agujero» económico y financiero de la Generalitat es de tal calibre que, sin duda, se puede considerar de proporciones astronómicas. Ningún indicador adelanta soluciones. Al contrario. Y de su análisis, desde luego, se desprende la grave crisis del Consell, quizá la más profunda en las tres décadas de autogobierno, efeméride que, precisamente, se tendría que conmemorar durante el año 2012.

Poco hay que celebrar. Nada. Si la Generalitat fuera una empresa estaría en quiebra técnica y en proceso de liquidación. La situación es insostenible. Con el 10% de la población de toda España, la deuda de la Comunidad representa, sin embargo, nada menos que el 15% del pesado lastre que arrastran todas las autonomías y que supera los 150.000 millones, unos 25 billones de pesetas. Un dato: para poder saldar el total de las deudas que arrastra la Generalitat, cada valenciano tendría que rascarse el bolsillo y poner encima de la mesa 4.335 euros, el doble que en 2003 y 1.000 euros por encima de la media de España. A una familia media con cuatro miembros, la «fiesta» de la gestión del Consell durante los últimos años de gobierno le saldría por más de 17.000 euros.

Incapaz de cambiar las tendencias, desde 2003, cuando Francisco Camps ganó sus primeras elecciones, la Generalitat, en los últimos ocho años multiplicó, con un crecimiento constante, su deuda per cápita, tal y como se puede apreciar con detalle en el cuadro anexo.

Cierto es que la Comunidad sale claramente perjudicada en el reparto de la financiación autonómica. De aplicarse, precisamente, el criterio de población, la Generalitat percibiría, más o menos, unos mil millones de euros extras al año. Pero no sólo las carencias del modelo han llevado al Consell a un escenario de falta de liquidez y de impago generalizado. No es la única razón de la crisis que lastra la administración autonómica. La «mancha», desde luego, también afecta a la gestión con un evidente descontrol tanto de la deuda como del gasto público.

De hecho, a lo largo de la última década, con varios años de bonanza, el Consell, siempre bajo mando del PP, fue incapaz de cambiar el rumbo. Lejos de mejorar, todas las grandes cifras de la contabilidad de la Generalitat empeoran mes a mes. Ninguna es positiva. Ninguna invita al optimismo. Al contrario. Un botón de muestra. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tuvo que ejecutar, en plena crisis y en medio de una evidente sensación de inestabilidad, el relevo de Enrique Verdeguer, hasta ese momento su conseller de Economía, que, desbordado por el caos financiero de la Generalitat, optó por retornar a Madrid como presidente de la empresa pública Adif.
La evolución de las cuentas de la Generalitat, desde luego, presiona a la cúpula del PP, consciente de que atraviesa por el peor momento desde 1995, cuando venció por vez primera en unas elecciones autonómicas.

La Comunidad está a la cabeza de la deuda en valores absolutos. Acumula, según los últimos datos del Banco de España correspondientes al mes de septiembre de 2011 e incluyendo las empresas públicas, una deuda financiera por importe de 22.163 millones de euros, más de 3,5 billones de las antiguas pesetas, la segunda más alta del Estado sólo por detrás de Cataluña. La clasificación se invierte cuando el Banco de España analiza la deuda en relación al PIB. Los «números rojos» de la Comunidad Valenciana representan casi una quinta parte de su Producto Interior Bruto, el doble que el porcentaje de 1995 y a la cabeza de toda España.

El endeudamiento de la Generalitat es, a día de hoy, de tal calibre que para saldarlo sería necesario que, como ya se ha apuntado, cada valenciano se rascara el bolsillo y aportara 4.335 euros. O que, por ejemplo, la actividad del Consell se paralizará durante casi dos años y ese dinero fuera destinado directamente al abono de deuda financiera y pagos aplazados. Sólo los intereses le cuestan a las arcas públicas un millón de euros al día. Para pagar un mes de la nómina de los 130.000 trabajadores públicos –de los que 4.000 son enchufados, según la oposición, a dedo por el PP en empresas y fundaciones–, son necesarios unos 300 millones. Todo ese escenario ha desembocado en tensiones de tesorería con impagos generalizados de proveedores y de gastos de funcionamiento de servicios básicos, una deuda que el Consell cifra en 3.200 millones y cuya devolución espera plasmar en un plan de pago a concretar en un plazo de dos meses.

Sin líquido
El déficit de liquidez, en todo caso, es estratosférico. De acuerdo con los últimos datos del informe de la Sindicatura de Cuentas, la diferencia entre las facturas y las cantidades que la Generalitat tenía que abonar o ingresar a corto plazo arrojaba un saldo negativo superior a los 8.800 millones.

Expertos financieros apuntan que este es el indicador que define a la perfección la asfixia económica de la Generalitat y su dificultad para encauzar el futuro: la incapacidad para poder pagar los gastos del «día a día», esenciales para garantizar servicios básicos como sanidad, educación, universidades, farmacia, bienestar social...
Si a la falta de liquidez se suma el lastre de los pagos con cargo a ejercicios futuros, tendremos el cuadro completo de la crisis financiera que estrangula, en estos momentos, toda la gestión del Consell. Con vencimientos que, incluso, según respuestas parlamentarias, llegarían más allá de 2050, la Generalitat arrastra abonos pendientes por un importe superior a los 63.000 millones, unos diez billones y medio de las antiguas pesetas. Alrededor de 52.500 corresponden al Consell y otros 10.500 a sus firmas públicas. Camino del récord Guinness...

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