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Fabra confirma a los rectores que tendrán que recortar aún más el gasto universitario

Se reúne una hora con los responsables de la UPV y la UV para "hacerles ver la necesidad de seguir por el camino" de los ajustes

 08:27  

RAFEL MONTANER VALENCIA El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se reunió ayer a puerta cerrada durante una hora con los rectores de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Juliá, y de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, para "hacerles ver" que deberán recortar aún más el gasto universitario. El cónclave, al que también acudió la nueva consellera de Educación, Mª José Catalá, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llega en el mismo día en que Levante-EMV adelantó en exclusiva que el Consell forzará a las cinco universidades públicas valencianas a que aprueben planes de recorte del gasto.

El encuentro tuvo lugar en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV, antes de iniciarse la visita al Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia que la Agencia Espacial Europea (ESA) tiene en este complejo del campus de Vera. Aunque el propio Fabra, a la salida del laboratorio de la ESA evitó desvelar que en la reunión se abordó el tema de los recortes - "No hemos tenido ocasión de hablar de ello", dijo -, no negó la información avanzada por este periódico. "Los rectores -añadió - son conocedores, y ya lo han practicado en este presupuesto, de la necesidad de apretarse el cinturón, como ya lo hemos hecho en las conselleries y en todo el sector público".

"Hay que apretarnos el cinturón"
Ante la insistencia de los periodistas sobre los recortes extra que la Generalitat reclama a las universidades públicas, Fabra no escondió sus intenciones: "Las universidades han hecho recortes de más del 3 % en sus presupuestos de este año y ahora lo que tenemos que hacerles ver es la necesidad de seguir por ese camino, de intentar rentabilizar y ser más eficaces en el gasto público, que es lo que nos está pidiendo la sociedad".

Sin embargo, el jefe del Consell eludió confirmar si el esfuerzo añadido que solicita a las universidades va a suponer una rebaja del 4% a los ya ajustados presupuestos universitarios. "No hay ningún dato -sobre la disminución del gasto-, esto ha de ser un esfuerzo compartido, y eso yo creo que los rectores lo tienen muy claro", aseveró Fabra antes de recalcar: "Tenemos que ser conscientes de la situación que estamos pasando y apretarnos todos el cinturón".

En esta línea, el diputado autonómico del PP, Mariano Castejón, escribió en su "Twitter" en internet un mensaje en el que destaca que "no se ha planteado más recortes en su asignación - a las universidades- pero se va a pedir que reduzcan costes en consonancia con la actual situación". Hay que tener en cuenta que el "tijeretazo" de las cuentas del Consell para 2012 supera el 10%.

Por otro lado, no hay que olvidar que la Asociación de las Universidades Públicas Valencianas, cuyo portavoz es el rector Juliá, emitió un comunicado el 17 de enero en el que advertía que los impagos de la Generalitat en 2011, que ascienden a más de 197 millones de euros, han llevado a su tesorería a una "situación límite" que comprometía el abono de las nóminas de los 17.000 trabajadores de las cinco universidades públicas valencianas. Preguntado por si los empleados de las universidades van a cobrar su sueldo de enero, Fabra confirmó que "cobrarán su nómina". "Van a cobrar, han cobrado todas hasta ahora, y van a seguir cobrando", sentenció de forma tajante.

Ante dichos impagos, el presidente avanzó que negocia con el Gobierno "la posibilidad cerrar una mayor financiación que nos permita elaborar un calendario de pagos para todos los proveedores y poder atender esas necesidades que nos están trasmitiendo, que en muchos casos generan unas graves tensiones para la supervivencia de las empresas". "La Generalitat no puede ser el mayor problema que tengan las empresas valencianas, con lo cual tenemos que afrontar con seriedad y rigor ese calendario de pagos para que tengan la confianza de que van a cobrar y, luego, cumplir esos vencimientos", señaló.

"Ingresos de 2004, gastos de 2012"
Fabra, al ser interrogado sobre si el sistema público valenciano de Sanidad y Educación está garantizado, respondió: "Está garantizado, pero todos tenemos que ser conscientes de que las cosas han cambiado, que hemos creado un Estado del bienestar que entre todos tenemos que esforzarnos para mantenerlo". "Tenemos unos ingresos del 2004 y unos gastos del 2012, y hay que encontrar un equilibrio para que esto pueda estar al servicio de todos los ciudadanos".

Finalmente, la portavoz de Educación del PSPV en las Corts, Pilar Sarrión, exigió a Fabra, que pague "ya" los más de 700 millones de euros que, en total, debe a las universidades valencianas, y le ha reclamado que no recorte en Educación, sobre todo, en un momento como el actual, "en el que invertir en las aulas supondrá generar puestos de trabajo para el futuro".

En la misma línea, el portavoz adjunto de EU en las Corts, lamentó que "como era previsible, la Universidad no iba a escapar de los recortes del Consell. Para EU, las universidades públicas están "insuficientemente financiadas".

"Unos 80 ayuntamientos podrían entrar en quiebra"
La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, advirtió ayer de que unos 80 ayuntamientos de la Comunitat "podrían estar este año en quiebra" ya que la mala situación económica ha puesto a los consistorios "en una situación desoladora". Así lo indicó en una entrevista en el programa Bon Matí de Ràdio Nou, de la que la radio autonómica informó en un comunicado. La también alcaldesa de Alzira pidió la creación de una ley de Gobierno Local "que pueda clarificar las competencias de los diferentes niveles de la Administración, porque se podría ahorrar mucho".

Según Elena Bastidas, en estos momentos el 30% de los recursos de los ayuntamientos van destinados a solucionar competencias que no son propias de los consistorios. Paralelamente, también pidió con "carácter urgente" una reforma del sistema de financiación local "porque está prácticamente intacto desde la Constitución del 78, y un cambio en este punto nos permitiría poder cumplir los compromisos con los proveedores".

La presidenta de la FVMP alertó de que el plazo de pago ha pasado de un máximo de tres meses a estar entre los seis meses y tres años. "Eso está perjudicando gravemente a muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas", advierte. En cuanto al debate abierto sobre la conveniencia o no de las diputaciones provinciales, Elena Bastidas señala que se trata de una reflexión "de futuro. Ahora es necesario tenerlas al lado, porque nos ayudan a desarrollar proyectos e iniciativas que de otra manera no podrían llevarse adelante". Levante-EMV valencia

El Ivvsa anuncia un ERE y que congela nuevas promociones
La gerente del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), Inmaculada García, anunció ayer a los trabajadores de la empresa en Valencia que va a tramitar un expediente de regulación de empleo (ERE), del que no dio detalles ni cifras, y una profunda reestructuracion de la empresa, según informaron desde la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

El Ivvsa tiene actualmente 330 trabajadores en toda la Comunitat Valenciana y desde hace años ha necesitado de contínuas aportaciones monetaris. De hecho, en 2006 y 2007 estuvo en quiebra técnica (cuando todos su patrimonio era inferior a lo que debía) por lo que la Generalitat tuvo que destinar una inyección de 40 millones de euros, según desveló la ministra de Vivienda en una sesión de control en el Senado en 2009.

El Ivvsa también anunció ayer que "pasan a un segundo plano las actuaciones de urbanización de suelo, que en estos momentos no tienen una demanda adecuada en el mercado, y las de edificación de nuevas viviendas protegidas por el mismo motivo". Una frase que entierra proyectos como Nou Mil·lenni o Gran Manises (de 12.000 viviendas o casi 10.000 VPO) proyectados por Rafael Blasco durante la presidencia de Francisco Camps.

Obviamente se gestionará lo ejecutado o en obras (como Sociópolis) pero "la política de vivienda del Ivvsa se centrará en la mejora y gestión de los cerca de 16.000 inmuebles que componen el parque público de viviendas de la Generalitat" y para el que se anunció, antes de las elecciones un plan destinado a cubrir necesidades de parados y desahuciados que "se ha trabajado con ayuntamientos" pero que aún no se ha presentado oficialmente. laura ballester valencia

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