La fianza que un juez de Nules ha impuesto a Carlos Fabra es una de las más altas medidas cautelares fijadas contra un político en activo en la historia judicial reciente. El magistrado Jacobo Pin le reclamó 4,2 millones de euros tras procesarlo y le ha embargado bienes suficientes para asegurar su responsabilidad civil en el caso de que sea condenado.

No hay más que echar la vista atrás y recordar juicios sonados de corrupción para darse cuenta de que el juez de Nules ha concedido una importancia capital a las fianzas de los cuatro acusados por el caso Fabra (el ex presidente de la diputación, su ex esposa María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Montserrat Vives). En los años 90 un juez de Pamplona impuso una fianza de 11 millones de las antiguas pesetas al ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, por el caso de la malversación de los fondos de la Benemérita. Y el ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, salió de prisión después de que sus representantes legales abonaran una fianza en metálico de 15 millones de pesetas.

Hoy, aquellas cantidades se antojan un juego de niños, simple calderilla si se comparan con las cifras mareantes que se manejan en los casos de corrupción en la actualidad. Así, el ex presidente balear Jaume Matas ha tenido que depositar 3 millones de euros por el caso Palma Arena. Y el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha tenido que desembolsar la friolera de 7,4 millones de euros por el caso Malaya.

Además, la jueza de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, decretó una fianza de responsabilidad civil de 18,5 millones de euros para el empresario José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones, en el marco de la causa que investiga la presunta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles. Claro que en ese caso la fianza se la reparten entre siete.

"La fianza que se ha impuesto a Carlos Fabra es una forma de asegurar que el imputado hará frente a su responsabilidad civil en el caso de ser condenado. Que un juez imponga una cantidad tan elevada en un supuesto caso de corrupción debería hacernos pensar a qué niveles hemos llegado ya", explican fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción. En círculos judiciales y políticos ha sorprendido la severidad con la que el juez Pin ha tratado a Carlos Fabra y una medida tan estricta solo se entiende desde la perspectiva de que el imputado cuenta con medios económicos muy poderosos.

Fabra está siendo investigado, entre otras cosas, por cuatro fraudes fiscales supuestamente cometidos entre los años 1999 y 2004. Eran los tiempos de la burbuja inmobiliaria, los tiempos de los grandes eventos de la Comunitat Valenciana, y según la Fiscalía Anticorrupción fueron los años en los que Carlos Fabra pudo amasar su " fortuna", que supuestamente escamoteaba a Hacienda. El informe elaborado por los peritos de la Fiscalía Anticorrupción concluye que entre 1999 y 2004 Carlos Fabra se benefició de 240 entregas de dinero en metálico por valor de casi 1.800.000 euros; 130 cheques por 2.700.000; y cerca de 80 transferencias bancarias por un montante de 800.000 euros. Sólo en el año 1999, el primer ejercicio por el que está siendo investigado, obtuvo ganancias no justificadas de patrimonio por un importe de al menos 600.000 euros. Según consta en esa denuncia, Fabra canalizaba el dinero a través de casi un centenar de cuentas bancarias.

El juez comprueba en el castastro el valor real de los inmuebles

El juez Jacobo Pin está comprobando el valor real de los inmuebles que han aportado Carlos Fabra y su mujer para cubrir sus respectivas fianzas. El magistrado cotejará con el catastro el valor real de cerca de 33 propiedades inmobiliarias a nombre de los Fabra, ya que la práctica habitual es que el valor de compra no coincida con el valor catastral de las fincas. Según fuentes judiciales, el patrimonio inmobiliario de Carlos Fabra es muy inferior al que está a nombre de su mujer, María Amparo Fernández. Él solo ha declarado fincas por un importe cercano a 200.000 euros, mientras que el listado de bienes inmuebles a nombre de Fernández es muy superior y en él figura una vivienda en Ibiza, una parcela en Orpesa y el chalé familiar de Platgetes. La Justicia utiliza dos tipos de fianza fundamentalmente, una para asegurar bienes suficientes del acusado ante una hipotética condena y otra para eludir una prisión preventiva.