Una paradoja de altos vuelos. La Conselleria de Infraestructuras ha contratado a una consultora privada para realizar las labores de inspección y elaborar otros informes sobre aeropuertos de competencia autonómica porque no tiene dinero para pagar a personal propio que pueda dedicarse a ese servicio. Es la explicación oficial que la consellera Isabel Bonig ha ofrecido por escrito al portavoz socialista de Función Pública en las Corts, Rafael Rubio. La empresa le costará 436.000 euros, mientras que en el peor de los casos si contratara a los cuatro profesionales necesarios para realizar el servicio se ahorraría 202.000 euros.
Tras la asunción de las nuevas competencias sobre aeródromos y helipuertos no catalogados como de interés general (los de Mutxamel, Requena y Viver), previstas en la reforma del Estatut de 2006, Infraestructuras sacó el pliego de condiciones del concurso para adjudicar la inspección a una empresa por dos años: el actual 2012 y2013. Entre otros requisitos se pedía a esa firma que contara con un ingeniero aeronáutico, con una remuneración mensual de 7.000 euros; un licenciado en Derecho, con el mismo sueldo; un técnico auxiliar delineante, a 3.000 euros al mes y un auxiliar administrativo con esa misma retribución.
El socialista Rafael Rubio preguntó a la consellera por qué no cubría ese servicio con personal propio de la Generalitat y, si no disponía de ningún ingeniero aeronáutico en la relación de puestos de trabajo de la Administración autonómica, como sostuvo la consellera, le sugirió que contratara a uno por bolsa de trabajo o se convocara una oposición. Bonig responde ahora que la «limitación presupuestaria derivada de la actual coyuntura económica» afecta «en particular a la contención de los créditos disponibles con cargo al capítulo 1» de personal.
A la cola de los impagados
Por eso «se ha considerado más eficaz (...) cubrir temporalmente esas necesidades a través de la contratación de servicios conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público», agrega Bonig. Esto es, adjudicar la labor a una empresa privada dado que no existe dinero disponible para nóminas. La contratación de un ingeniero aeronáutico costaría al Consell unos 40.956 euros si se le adjudicara categoría de jefe de sección y 36.146 si se le pagara como mero técnico del grupo A. En el peor de los supuestos para la Generalitat se ahorraría 354.000 euros en los dos años del servicio si los otros tres empleados fueran funcionarios de otros departamentos. Si el Consell contratara directamente a los cuatro profesionales sin recurrir a un solo empleado propio debería dedicar 234.000 euros a salarios. En ese caso las arcas autonómicas se ahorrarían 202.000 euros.
La diferencia, con todo, radica en que las nóminas han de pagarse con cargo al citado capítulo 1 todos los meses y los contratos con las empresas han de abonarse en forma y plazo sólo en teoría. En la práctica, la consultora de las inspecciones aeroportuarias tiene todos los puntos para ponerse a la cola de impagados.
Rubio: «Bajan sueldo y horario a interinos mientras privatizan»
El portavoz socialista de Función Pública en las Corts, Rafael Rubio, considera «un sinsentido» que la Generalitat «baja el sueldo y el tiempo de trabajo a los interinos y recurre a contratar los mismos servicios en empresas externas». «Lo hace así porque son conscientes de que la empresa que se contrate ni se sabe cuándo cobrará», agregó el diputado. Para Rubio el concurso que convocó Infraestructuras y la respuesta parlamentaria de la consellera Isabel Bonig son la demostración de que la Generalitat «está en bancarrota» y que, además, el Consell no tiene «ni plan, ni ideas para buscar soluciones más allá de bajar el sueldo a los funcionarios». f. a.valencia
