La transparencia anunciada por el Gobierno no alcanza a todas las administraciones y, tampoco ahora, a las facturas que permitieron a la Fundació Vives per l'Humanisme i la Solidaritat, vinculada al presidente de las Corts, Juan Cotino, recibir desde 1999 subvenciones de Presidencia de la Generalitat por al menos 277.000 euros (que podrían llegar hasta 355.000). Lo denuncia el diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, quien considera que la "opacidad" del Ejecutivo en este asunto sólo puede obedecer a una causa, que la entidad -que contaba con una escuela de formación política, auténtico vivero de cargos del sector cristiano del PPCV- financió sus funcionamiento con fondos del Consell bajo el paraguas de la realización de actividades de "interés para la Comunitat Valenciana".
Blanco reclamó hace meses al Consell información sobre todas las subvenciones recibidas por la entidad de la que fue fundador en 1995 Cotino, los convenios que las ampararon y los trabajos que justificaron los abonos. El Ejecutivo le respondió entonces con el convenio marco firmado en 1999, así como los convenios singulares hasta 2010. Su sorpresa fue mayúscula, ya que entre las actividades que justificaron las ayudas figuraban visitas guiadas por Valencia a puntos de interés turístico-cultural como la catedral o l'Almoina; conferencias con políticos como Carlos Iturgaiz o Jaime Mayor Oreja, así como miembros de la FAES; un "almuerzo conferencia" con el propio Cotino; o simplemente "reuniones de trabajo con empresarios valencianos". Entre 2000 y 2002 no hay convenio (o se prorrogó el del 99 o no se lo remitieron) y entre 2004 y 2007 no se detallaron actividades. La fundación, que solía recibir unos 30.000 euros anuales, vio bajar la dotación hasta los 12.000 previstos para este año.
Por eso el diputado se decidió a reclamar las facturas con que se justificaron las subvenciones. Su sospecha es que la entidad pasó durante estos años gastos ordinarios de mantenimiento incluso más allá del 20% fijado para ello en una cláusula introducida en el convenio de 2003. Un porcentaje que Blanco ya cree "desproporcionado" a la luz de la normativa legal. De hecho, recalcó, las asociaciones que reciben ayudas "pueden, previa justificación, imputar entre un 5% y un 7%" de la subvención a sus gastos corrientes. En todo caso, deberían ser gastos incurridos desde la firma del convenio anual hasta la finalización del ejercicio. Sin embargo, la mayoría de convenios se rubricaron a finales de cada año.
En respuesta a su petición de facturas, el vicepresidente del Consell, José Císcar, se remite a la información anterior que le proporcionó, sin mención a la posibilidad de ver los documentos contables. De ahí que ahora explore otras vías para conseguir los datos.
Císcar deberá aclarar
el no a los justificantes
El reglamento de las Corts que aprobó en solitario el PP en 2006 no prevé consecuencia efectiva alguna para el Consell en el caso de negarse a entregar la documentación que le requieran los diputados. La única, el derecho al pataleo, consistente en la posibilidad del diputado de presentar una pregunta oral en la comisión correspondiente para exigir responsabilidades. La pregunta debe sustanciarse en la siguiente comisión a su registro. Resignado, el diputado de EU Ignacio Blanco se decidió a explorar esta vía, por primera vez. Se verá en la comisión de Coordinación de as Instituciones del 26 de marzo. Si como respondió el Consell, las actividades están "debidamente justificadas", ¿cuál es el motivo por el que no se entregan las facturas? Es la pregunta que formulará Blanco al vicepresidente, José Císcar. Si el debate resulta igualmente insatisfactorio, el diputado podrá elevar al pleno de las Corts una iniciativa parlamentaria.
