Beneficiarios de ayudas a la Dependencia o del «salario social», de incentivos para el acceso a la vivienda o al empleo, colegios profesionales y abogados del turno de oficio, entidades prestadoras de servicios sociales, padres que se quejan de la no cobertura de las bajas docentes, trabajadores públicos con ERE a la vista... El informe del Síndic de Greuges correspondiente a 2011 contiene un rosario de reproches a la Generalitat por los impagos y los recortes que constituye el retrato perfecto de una C. Valenciana sumida en el socavón de la crisis y con una Administración sin poder hacer frente a la situación ante el colapso económico de su hacienda. El Síndic, convertido en ventanilla de reclamaciones, vio cómo el año pasado se dispararon la quejas un 25 % respecto a 2010 (de 9.504 a 11.901), un 35% si además se suman las consultas (de 21.264 a 28.688). Desde 2009, las denuncias al Síndic —que ayer entregó la memoria en las Corts— se han multiplicado por tres.
Un dato que cuestiona los planes de Rajoy de suprimir las defensorías autonómicas. El tipo de quejas explica en buena medida uno de los datos más sorprendentes: La Conselleria de Presidencia, que habitualmente es de las que menos reclamaciones recibe (el 0,15% en 2010), concentró en 2011 el 65% de las quejas a la Generalitat, 5.660 sobre 8.700. Aunque el Síndic presenta los datos con la actual estructura de conselleries, en 2011 el departamento dirigido entonces por la actual delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, aglutinaba competencias de Justicia y Administraciones Públicas. De ahí que fue destinatario de las reclamaciones por el impago del turno de oficio, el veto a los repetidores de TV3, la «manipulación» de Canal 9 o las amenazas de ERE en el sector público. En todo caso, José Ciscar, responsable del área desde enero, está lidiando con muchos de estos asuntos. Tras Presidencia, está Hacienda y Administración Pública (12,2%); y Justicia y Bienestar Social (7,9%).
Las quejas citadas explican el que, por primera vez, las presentadas desde la provincia de Valencia (5.906, el 53,8%) superen a las de Alicante (3.385, el 30,8%) en la institución que tiene su sede en la capital alicantina. Del mismo modo, el cajón de sastre que bajo el epígrage de «otros ámbitos» agrupa las denuncias en infraestructuras, empleo, colegios profesionales y comunicación, concentró el 47% de las reclamaciones (5.693), lo que adultera la radiografía sobre los asuntos de los que más se quejaron los valencianos en 2011. Aunque, más que un área concreta, el denominador común son los impagos y los recortes. La siguiente área en importancia es el uso del valenciano (16%), por las webs institucionales solo en castellano y la falta de atención e información en la lengua propia; seguido de la ley de la Dependencia (11%); urbanismo y vivienda (4%), y medio ambiente (4%).
Escandalizado llega a mostrarse el Síndic, José Cholbi, por el peso de las quejas de la Dependencia, cinco años después de la entrada en vigor de la ley (2007). Y, con sus palabras, llegar a certificar el bloqueo político a la norma: «No existe explicación lógica que justifique la enorme cantidad de personas en situación de dependencia que, tras esperar hasta incluso más de cuatro años, todavía no han comenzado a percibir las prestaciones o ayudas». Si no hay explicación lógica, la única causa tiene que ser política, por el boicot del PP a la norma.
Bloqueo político a la Dependencia
Es «preocupante», dice Cholbi, que cinco años después de la entrada en vigor de la ley, «sigamos desconociendo los criterios que se aplican en el orden de incoación de los expedientes», lo que ha derivado en un plazo «muy desigual» entre unas personas y otras (unas cobran ya mientras otras, incluso de 2007, aún no lo han hecho, se alarma el Síndic). Por eso acusa al Consell de generar «inseguridad jurídica» y «desigualdades», así como «desasosiego» en las personas y hasta «desafección por las instituciones». Además, pone en evidencia el decreto de marzo del Consell con el que se quisieron corregir las críticas a la gestión. «El atasco que existe no se puede resolver sólo con un nuevo decreto», asesta. A su juicio, se han creado «agravios» ya que sólo se reconoce la retroactividad en el cobro de las ayudas a los que las pidieron después de marzo de 2011. Asimismo, el abono a los familiares de las personas que fallecieron esperando la ayuda ha quedado en nada en muchos casos, debido a la gran dilación en tramitar las peticiones (no han llegado a ver aprobado el programa de ayuda).
El Síndic insta a cubrir las bajas docentes para evitar el «vacío educativo» y constata el aumento de quejas por el endurecimiento de requisitos para becas de comedor. Cholbi va más allá cuando, al analizar la situación en materia de igualdad, avisa de que «los devastadores efectos de la crisis económica está produciendo recortes en las políticas públicas». Y remata: «Sabemos que cuando esto ocurre la primera consecuencia es desmantelamiento del Estado de Bienestar». ¿Y qué está pasando? Mientras se mantiene la «secular situación de subordinación» de las mujeres respecto a los hombres, las primeras están «compensando» las «insuficiencias» de servicios públicos.
Justicia, en la «lista negra» por la Dependencia
Las Conselleria de Justicia y Bienestar Social y seis ayuntamientos integran la «lista negra» del Síndic de Greuges, si bien destaca que no porque tuvieran un comportamiento hostil (cuando no se contenta a los escritos de la institución) sino por no aceptar algunas de sus resoluciones aunque de forma motivada, expresando así lo que se entiende por una «discrepancia».
Con todo, en el caso de Justicia no está tan claro, ya que entre las quejas que la han hecho merecedora de estar en la «lista negra» figura la ley de la Dependencia, en la que el Síndic no encuentra «explicación lógica» a las demoras. Otra resolución no aceptada es consecuencia del impago de las ayudas a las entidades públicas o privadas que gestionan la ejecución de medidas judiciales en medio abierto impuestas a menores. El Síndic proponía un acuerdo estable de pago.
En cuanto a los ayuntamientos, los que no aceptaron alguna de sus recomendaciones fueron Algemesí, Benigànim, Dolores, Eslida, La Vila Joiosa y Meliana. Por otro lado, destaca la «colaboración especial» del Ayuntamiento de Valencia y los municipios que han firmado un Convenio Específico con el Síndic: Albal, Almoradí, Benafer, Catarroja, l´Alcora, La Vall d´Uixó, San Vicent del Raspeig y Xirivella.
