La designación de exdirigentes políticos para las diferentes instituciones de la Generalitat, pactada entre el PP y el PSPV a inicios de la legislatura, la acabarán dirimiendo los jueces, al menos en lo que se refiere al Consell Jurídic Consultiu (CJC). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reclamado a la Mesa de las Corts el expediente administrativo sobre la elección por el pleno de las Corts de Enrique Fliquete y de José Díez, ambos a propuesta del PP, y de Joan Ignasi Pla, a instancias de los socialistas, para formar parte del órgano homólogo al Consejo de Estado en la C. Valenciana, tras admitir a trámite el recurso interpuesto en su día por la Confederació General del Treball (CGT). El sindicato recurrió al considerar ilegales los nombramientos, por entender que ninguno de ellos reunía los requisitos exigidos por la ley para formar parte del CJC.
La Mesa de la Cámara tramitó ayer la petición del TSJ y acordó la remisión al tribunal del citado expediente. La designación se produjo en el pleno del 14 de julio del año pasado. La exigencia de una mayoría de tres quintos obligó a una acuerdo PP-PSPV por el que ambas formaciones se repartieron los tres puestos de elección por las Corts, dos para los populares y uno para los socialistas. El PSPV aupó al exsecretario general y excandidato a la presidencia de la Generalitat Joan Ignasi Pla, abogado de profesión, mientras los populares promocionaron al expresidente de la Diputación de Valencia, José Díez, quien ya llevaba años en el CJC, y a Enrique Fliquete, abogado que cobró notoriedad al impulsar o asumir causas "sensibles" para el PP contra los socialistas.
Tras la elección, CGT presentó un recurso judicial contra el nombramiento, solicitando la nulidad de los mismos por no cumplir los requisitos establecidos en la ley. En concreto, la norma establece que el nombramiento se realizará entre profesionales y científicos que se hayan distinguido en el campo del Derecho con más de diez años de ejercicio profesional, o sean juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o autonómicos, condiciones que a juicio de CGT-PV "no cumple ninguna de las tres personas elegidas".
"Contaminados" para el cargo
El sindicato acusa a PP y PSPV de "designar a políticos o personas vinculadas al partido para asumir una función técnica en un órgano de naturaleza consultiva o asesora de carácter jurídico, como es la de informar proyectos legislativos y reglamentarios que van a ser propuestos por sus propios partidos". Según CGT, esta vinculación política "compromete la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función del máximo órgano consultivo jurídico". CGT recuerda "un supuesto similar, el nombramiento del diputado del PP José Marí Olano como Abogado de la Generalitat, que tras la denuncia del sindicato fue anulado por sentencia del TSJ, confirmada por el Supremo el 9 de mayo de 2011, basándose en los mismos argumentos utilizados ahora". En el CJC se da la circunstancia de que "acoge" además como miembro nato al expresidente y diputado del PP Camps.
La exdiputada Maisa
Lloret reclama la indemnización por cese
antes de ir al juzgado
La indemnización por cese de los exparlamentarios, un asunto "olvidado" desde hace meses en la institución, volvió ayer al primer plano. La exdiputada socialista Maisa Lloret ha dirigido un escrito a la Mesa de las Corts en el que reclama el cobro de este "subsidio de desempleo" de los parlamentarios. La misiva la firma su abogado y es previa a la formulación, en su caso, de una reclamación ante el TSJ. El órgano rector de la Cámara encargó a los servicios jurídicos un informe al respecto aunque, con toda seguridad, el dictamen será negativo, tal como ha ocurrido desde que las Corts decidieron anular el reglamento que regulaba las indemnizaciones por cese y las pensiones de los diputados. Lloret, que perdió el acta tras los comicios de mayo de 2011, alega que en 2007, cuando accedió a la Cámara, estaba el vigor el citado reglamento, por lo que la indemnización es un derecho consolidado. En su caso, supondría el cobro de cuatro mensualidades, unos 11.000 euros. El TSJ tiene pendiente el pronunciamiento sobre los recursos que presentaron numerosos exdiputados. Y es que, al perder el acta, los que no se recolocan se quedan sin ingresos. j. g. g. valencia
