El sumario del caso Nóos está revelando la «exclusividad» con la que la Generalitat trató a la fundación de Iñaki Urdangarin a la que, junto a la Fundación Valencia Convention Bureau del Ayuntamiento de Valencia, regó con más de 4 millones de euros en tres años por la organización del Valencia Summit. Así, de los interrogatorios realizados por el juez a funcionarios y altos cargos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) se desprende que los interventores, tanto de la administración autonómica como del Estado, han censurado el convenio firmado con el yerno del rey.
«¿Sabe usted lo que han dicho los interventores sobre el canon este (pago hecho a Nóos por convenio), no? Ese canon que a usted no le sorprendió tanto... Pues han dicho que en 17 años de servicios es la primera vez que ven una cosa así», le espetó el juez a la exjefa del departamento jurídico de Cacsa cuando se firmó el convenio en 2004 e imputada en el caso, María Ángeles Mallent.
Pero esa no fue la única vez que el magistrado instructor se refirió a la opinión de los interventores, los funcionarios que fiscalizan los pagos en una administración pública. En el interrogatorio al que fuera director general de Cacsa en los años 2005 y 2006, cuando se prorrogó el convenio del Valencia Summit, Jorge Vela, el juez se extraña de que Vela confunda «canon» con «precio». «Lo digo, porque la intervención dice, que es la primera vez en muchos años que han visto un canon de este tipo», le señala el juez Castro.
Estas declaraciones de interventores de la Generalitat y el informe de la Intervención General del Estado que se unió al informe de la Agencia Tributaria demuestran que el convenio que firmó la fundación del duque de Palma se saltó todas las normas de contratación, es más, se hizo a medida para el yerno del rey.
Y es que como publicó este periódico el pasado jueves 28 de junio, el convenio entre Cacsa, la Fundación Valencia Convention Bureau y el Instituto Nóos se redactó desde las oficinas de la organización que presidió Iñaki Urdangarin.
La Sindicatura, en contra
Pero estos no son los únicos indicios, el Fiscal Anticorrupción aseguró a este periódico cuando estuvo en Valencia que Cacsa no realizó los informes preceptivos sobre necesidad y utilidad pública de contratar con el Instituto Nóos. La Sindicatura de Comptes ya confirmó esta máxima en su informe de 2006, que ahora será utilizado por el Ministerio Público para acusar a Iñaki Urdangarin de prevaricación. Posiblemente en este informe también se base para acusar a alguno de los funcionarios o cargos públicos que intervinieron en el convenio.
El juez José Castro y el Fiscal Anticorrupción Pedro Horrach volverán a tomar declaraciones en Valencia los próximos días 12 y 13 de julio en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Una de las que tendrá que declarar como imputada será María Ángeles Mallent, quien fue imputada tras su declaración del pasado mayo. En una providencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el juez cita a Mallent para el próximo día 12 a las 17.45 horas. Los otros testigos e imputados que acudirán todavía no han trascendido.
