El titular del juzgado de Paz de Almàssera ha dictado un auto en el que se opone a tramitar el cobro masivo de pequeñas deudas de vecinos de la localidad con empresas de telefonía al considerar que es un abuso. El auto apunta que las empresas de telecomunicaciones pretenden utilizar el juzgado de Paz como "una oficina gratuita de intento de cobro de sus morosos e impagos y convertir a su personal en una especie de "cobradores del frac". El juez lamenta que las compañías inician los requirimientos de pago para asustar a los deudores y después ni siquiera se presentan en el juzgado.
El auto explica que desde hace años las empresas de telefonía emplean un mismo bufete de abogados de Barcelona para presentar en el juzgado de Paz de Almàssera actos de conciliación contra morosos que adeudan facturas de menos de noventa euros. El juzgado admitía en un primer momento los procedimientos y señalaba día y hora para que las partes se pusieran de acuerdo. El titular del juzgado asegura en el escrito que las compañías demandantes "nunca acudían a los actos de conciliación que ellas mismas solicitaban" a pesar de la sobrecarga de trabajo que ocasionaban. El juez llegó a la conclusión de que las empresas utilizaban "la institución del juzgado de Paz como un arma para asustar a los morosos", obligando a la red de oficina judiciales "a trabajar para sus intereses y fines económicos mediante la estrategia diseñada de demandar actos de conciliación a mansalva a los que después no acudían".
El auto incide en que la presentación de demandas indiscriminadas es un abuso. Además, advierte de que en algunos casos los demandados "han acudido hasta con documentación en que acreditaban haber satisfecho la deuda o demostraban que les habían girado incorrectamente la factura".
El juez está convencido de que es un abuso porque las compañías aprovechan un mecanismo de conciliación con un "ánimo de asustar, atemorizar, aterrorizar e intimidar a los demandados para que paguen la deuda sin más". El auto insiste en que "no parece importar a las compañías demandantes la veracidad o realidad de la deuda. No acuden a escuchar las alegaciones de la parte contraria. Se intenta utilizar a los juzgados como un arma de presión asustadiza y arrojadiza contra los demandados y a favor de las multinacionales que incumplen sistemáticamente el deber de comparecer a los actos judiciales que ellas mismas han instado".
Un abogado especializado en este tipo de casos explicó que en los últimos meses algunas empresas han vendido paquetes de clientes morosos de pequeñas deudas. "Este tipo de empresas compran las deudas entre el veinte y el cincuenta por ciento del valor real porque algunas no se van a cobrar nunca. Los acreedores se quitan el problema de encima, aunque pierden dinero. Para las empresas de recobro supone un negocio, el problema es la cesión de datos", señaló. La Agencia de Protección de Datos ha constatado un aumento de denuncias por estas prácticas.
