El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, advirtió ayer de que los magistrados de lo Social "tienen una gran preocupación por lo que se les viene encima". Viguer explicó que los jueces calculan que en los próximos meses van a tener que tramitar entre "4.000 y 5.000 demandas de despidos de empresas públicas". Los magistrados, que ya están sobrecargados de trabajo y señalan los juicios a seis meses vista, quieren que se incremente su plantilla un 50% para poder hacer frente a la situación.

La preocupación de los jueces trasciende un día después de que el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, advirtiera de que "desgraciadamente" se van a producir "bastantes más" Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en empresas del sector público de la Generalitat además del previsto en RTVV. La mayoría de los ERE del sector público se van a concretar a partir de septiembre u octubre, aunque el Consell no descarta que antes de que acabe el mes "pueda ya llegar alguno". José Císcar incidió en que "las circunstancias nos imponen tener que reducir las plantillas de este sector público empresarial entre el 40 y el 50%".

La Generalitat prevé concluir el proceso de ajuste de las empresas públicas el 31 de diciembre. El proceso es jurídicamente muy complejo porque comporta liquidaciones, fusiones, absorciones y las reducciones de personal a través de los ERE.

El incremento de plantilla judicial que reclaman los jueces supondría pasar de 17 magistrados de lo Social a 25. Pedro Viguer destacó que los despidos en el sector privado se han incrementado un 33% en el último año. Los magistrados valencianos tramitaron 3.226 demandas por despido en el primer semestre de 2011 y en el mismo período de 2012 han recibido 4.297 demandas.

Las demandas que afectan a entre 10 y 25 trabajadores de una misma empresa son las que más han aumentado en el último año al pasar de 5 a 26 (lo que supone un incremento del 420%). Las más comunes son las que afectan a menos de 10 personas de una misma empresa y que han pasado de 2.665 en 2011 a 3.472 este año.

Blindaje policial en Canal 9 y su estudio 3

El centro de producciones de RTVV en Burjassot se asemeja a un cuartel militar. Desde el día en que se anunció el ERE y se produjo la espontánea protesta que incluyó la toma del plató y se impidió emitir la primera edición del "Notícies 9", se han redoblado los efectivos de la policía autonómica y los agentes de seguridad privada. El estudio 3, desde el que se emiten los telediarios, lleva ya unos días completamente bunkerizado. Los tres accesos al plató están vigilados: la puerta situada junto a peluquería, el acceso por control, situado en la primera planta, y la puerta de decorados. La octava planta del pirulí, en la que están instalados tanto el director general del ente, José López Jaraba, como el secretario general, Juan Prefaci, también está especialmente vigilada. Los trabajadores esperan que hoy los efectivos policiales aumenten más si cabe para evitar que en los dos días de huelga -de las diez de la mañana de hoy a las doce de la noche de mañana- se repitan actuaciones de impacto como el corte de emisiones. Fuentes sindicales indicaron ayer que, con todo, la tensión se ha rebajado ante el pacto de servicios mínimos que se rubricó ayer y que prevé la interrupción de la programación propia de Canal 9 y Nou Dos para conectarse a la señal de Nou 24, así como la emisión de solo música en Ràdio 9