Más de un millón de euros afirma el Ministerio del Interior que ahorrará con el desmantelamiento de los Grupos de Respuesta Especial al Crimen Organizado (Greco), los equipos policiales dependientes de la brigada central de Policía Judicial que desde 2004 se dedicaban a investigar y desarticular grupos mafiosos, de narcotraficantes a gran escala y delincuentes estructurados en organizaciones criminales.

Los Greco fueron creados en 2004 como satélites de la Udyco central en los puntos geográficos con mayor número de presencia mafiosa. Los primeros grupos fueron el asignado a la Comunitat Valenciana, con sede en Benidorm, el de Galicia y el de la Costa del Sol, en Málaga, que fue ampliado más tarde con el Greco-Andalucía para luchar, sobre todo, con las redes de traficantes de hachís en toda la costa andaluza. Posteriormente, Interior amplió la plantilla con los Greco de Baleares y de las Islas Canarias.

Desde hace meses, el Gobierno del PP había manifestado su intención de desmantelar, al menos parcialmente, los Greco por una cuestión económica: los policías integrados en esos equipos cobraban un importante sobresueldo porque administrativamente formaban parte de la plantilla con destino en Madrid -sede de la brigada central- y no de los territorios donde desarrollaban su labor, lo que a efectos prácticos supone un incremento salarial por el cobro de dietas de desplazamiento.

Los detractores de los Greco argumentan que existe una duplicidad de funciones, encarecida, además, dado que esos grupos tienen el mismo ámbito territorial y delincuencial de actuación que las Udyco -unidades de drogas y crimen organizado- de las jefaturas superiores de Policía.

Ahora, Interior ha suprimido los Greco de Canarias y de Baleares, y ha reducido a la mitad los otros cuatro. Así, en el caso del radicado en Benidorm, la plantilla pasa de 21 a 10 agentes. Dicho de otro modo, de los dos grupos que integraban la sección de Valencia, desaparece al completo uno de los grupos y pierde el puesto el jefe de sección.

Pese a que Interior trató ayer de interpretar esa decisión como una forma de potenciar las Udyco territoriales, entre ellas la de Valencia y la de Alicante, no es un hecho cierto, ya que serán los propios policías quienes tengan derecho a decidir si se integran en la plantilla de la Udyco central, en Madrid, o, por el contrario, pasan a formar parte de la Udyco del área geográfica en el que estaba destinado. De momento, la mayoría está eligiendo irse a la central, más prestigiosa desde el punto de vista profesional.