El Gobierno dio ayer un nuevo respiro a la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al autorizarle un endeudamiento para 2013 de 1.161 millones, con lo que el lastre de la deuda llegará ese año hasta los 23.721 millones, el 23% del Producto Interior Bruto (PIB) valenciano. Los 1.161 millones, unidos a los créditos autorizados para este año —unos 1.800—, supondrán una subida del endeudamiento de 2.959 millones entre 2012 y 2013, al pasar de los 20.762 millones (el 19,9% del PIB) contabilizados por el Banco de España a 31 de diciembre pasado a los citados 23.721. Eso sí, a partir de 2014, le impone una contención ya que la deuda respecto al PIB valenciano deberá bajar hasta el 22,7%. Eso no significa que el Consell de Alberto Fabra amortice préstamos, sino que la previsión del crecimiento de la economía es superior al de la deuda. En cambio, en 2015, por primera vez en la historia, la Generalitat tendrá que empezar a rebajar el lastre que ahora mismo la asfixia financieramente y la deja sin armas para afrontar la crisis, rebajando los créditos al 22% del PIB.
La decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, de aplicar el mismo rasero a todas las autonomías a la hora de fijar los objetivos de deuda para el periodo 2013-2015, sin penalizar los excesos del pasado ni premiar a las que han gestionado mejor, benefició a la C. Valenciana, que tras años de disparar su deuda de forma extraordinaria es la segunda más endeudada de España en función del PIB después de Cataluña, la primera si se tuviera en cuenta los créditos ICO del Plan de Pago a Proveedores.
La aplicación de estos criterios homogéneos fue lo que indignó a Andalucía y la hizo abandonar la reunión. Esta comunidad, gobernada por los socialistas, con una deuda del 12,07% del PIB, mucho menor que la valenciana, reclamaba que le permitieran un mayor déficit —esto es, endeudarse más— para no tener que imponer tantos sacrificios a los ciudadanos de Andalucía, con el argumento de que lo han hecho mejor que otras autonomías. Pero el Gobierno descartó de plano esa posibilidad y administró a todas el mismo baremo. De haber seguido ese criterio, las consecuencias para la C. Valenciana habrían sido catastróficas, ya que habrían conllevado mayores exigencias a la Generalitat.
El propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó que, de seguir ese baremo, a otras regiones les habrían tenido que reclamar superávit. En la C. Valenciana habría conllevado recortes mucho más duros. Montoro se justificó indicando que la situación de partida de cada comunidad «es la que es, no la he fabricado yo», y apuntó que se debería haber «controlado» en el pasado. Una andanada para el Ejecutivo de Zapatero pero también, en la parte que le toca, para el propio Consell.
En la rueda de prensa posterior al CPFF, Beteta detalló la «metodología» seguida para determinar los objetivos de deuda 2013-2015. En concreto, indicó que se ha computado la deuda a 31 de diciembre de 2011 reconocida por el Banco de España, a la que se suma la derivada del déficit del 1,5% del PIB en 2012 (unos 1.500 millones), más la cuota de la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 (otros 300 millones). En el caso valenciano, da una cifra de 22.560 millones. Para 2013, el Gobierno le permitirá otros 1.161, hasta 23.721, el 23% del PIB. Como la deuda de 2012 todavía no se ha hecho efectiva, entre este año y 2013 el incremento de los préstamos será de 2.959 millones. Unas cantidades que no incluyen el Plan de Pago a Proveedores.
Vela: «El 1,09%, esperanzador»
En cuanto al escenario de déficit, se mantienen los topes fijados: el 0,7% en 2013, y el 0,1%, en 2014; y un superávit de 0,2% en 2015. Este superávit irá a reducir el volumen de endeudamiento absoluto, por primera vez en la historia de la Generalitat. En total, se autoriza una aumento de la deuda de 2012 a 2013 de 12.092 millones. Madrid, Cataluña y la C. Valenciana son las que menos podrán aumentar la deuda respecto al PIB en 2013; Cataluña y Valencia, las que menos en cifras absolutas. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, reiteró la voluntad de cumplir con el objetivo del déficit del 1,5% este año, y consideró que el 1,09% registrado hasta junio es «esperanzador». Vela recordó que la C. Valenciana se ha acogido al fondo de liquidez autonómico, que «no se trata de un rescate», y lamentó que se haya querido «estigmatizar» este instrumento, al que se irán acogiendo otras comunidades autónomas, además de las que ya lo han anunciado.
Las exigencias del fondo de rescate no serán las mismas para todas
La de ayer fue la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera después de que la C. Valenciana, Murcia y Cataluña solicitaran acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Gobierno. El ministro, Cristóbal Montoro, señaló que ninguna otra autonomía más ha pedido hasta el momento acudir a este fondo de rescate del Ejecutivo y, al menos en la comparecencia pública, no dio detalles sobre las condiciones que comportará en forma de posibles nuevos sacrificios. Eso sí, expresó su apuesta por que se establezcan «condicionalidades» diferentes para las que lo han solicitado, entre ellas, la valenciana.
Montoro, tras apuntar que esta cuestión todavía no está decidida, explicó que esas condicionalidades se concretarán en la Comisión de Asuntos Económicos, al tiempo que apuntó acto seguido que, en su opinión, deben ser «distintas». Según explicó, es preciso separar las condicionalidades por el recurso al FLA de las derivadas del control del déficit. Así, el plan económico financiero exigido a todas ellas lo que garantiza es su nivel de déficit, mientras que el FLA supone un «procedimiento de liquidez».
También enfatizó que va a estar muy vigilantes «para que ninguna comunidad se financie a costa de no pagar a sus proveedores», de forma que se utilicen los recursos del fondo de rescate para financiarse en vez de atender los pagos a las empresas.
