Los esfuerzos del presidente Alberto Fabra para meter en cintura la Administración valenciana y racionalizar los sueldos de los altos cargos y directivos públicos tienen todavía camino por recorrer. En plena oleada de despidos por el proceso de adelgazamiento en el sector público, todavía persisten contratos de alta dirección heredados de etapas anteriores a los que el Consell aún no ha podido meter mano. Es el caso del director del Museo de las Ciencias, Manuel Toharia, cuyos emolumentos anuales superan los 150.000 euros. El contrato de Toharia no ha sido aún revisado a la baja a pesar de que la Ciudad de las Artes y las Ciencias „Cacsa„ se encuentra en plena negociación con los trabajadores sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que prevé el despido de 140 empleados. Precisamente la pasada semana, la dirección de la sociedad pública ha rechazado por «inviable» la propuesta de los trabajadores para cambiar el modelo de gestión del complejo, basado en la externalización.
Desde hace más de una década, en concreto, desde 1999, Toharia posee un «contrato de prestación de servicios» para «asesoramiento de la dirección» del Museo de las Ciencias. El contrato, que vincula al científico con la empresa pública a través de una sociedad mercantil, está sujeto a confidencialidad y su contenido está guardado bajo siete llaves. Según ha podido saber este diario, la empresa de Toharia percibe más de 150.000 euros al año (más de 25 millones de las antiguas pesetas), una cantidad que, precisan fuentes de Cacsa, incluye no sólo el sueldo de Toharia sino todos los gastos que el director del Museo contrae en relación a su trabajo en Cacsa. La cifra con todo no es exacta e incluso podría ser superior, aunque la Generalitat aduce motivos de «confidencialidad» para no precisarla.
Las retribuciones de Toharia, según otras fuentes 12.000 euros al mes, han permanecido al margen de los recortes que ya hace más de un año se aplicaron a los altos cargos, unas medidas que posteriormente llegaron a los directivos de las empresas públicas. En este sector, había varios casos en los que las nóminas eran superiores a la del presidente del Consell.
Pese a las instrucciones de Fabra de equiparar todos los salarios y revisarlos a la baja, Toharia se ha salvado del recorte, entre otras cuestiones, porque su contrato no es personal. Tampoco estas situaciones han sido abordadas por la dirección de la empresa durante la negociación del ERE. Con todo, fuentes de la Conselleria de Turismo y Cultura confirmaron a este diario que el contrato del director del Museo de las Ciencias será revisado este mismo mes. Las mismas fuentes añadieron que el contrato se revisa anualmente y que en esta ocasión se hará a la baja. Desde el Consell se es consciente de que el científico podría poner pegas a una rebaja, pero insistieron en que la decisión está tomada.
Ya en su momento el Consell tuvo dificultades en reducir las retribuciones de otro de los fichajes de Cacsa, la intendente del Palau de Les Arts, Helga Schmidt, cuyo salario pasó hace unos meses de 180.000 euros anuales a menos de 68.000, es decir, se redujo 60 %. La austriaca, que se resistió un tiempo al tijeretazo, tenía un contrato blindado cuya letra pequeña también es un misterio.
Una década de contratos ocultos
Han pasado más de diez años desde que el entonces líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, destapara la caja de los truenos al denunciar públicamente que tres directivos de Cacsa (Toharia, Helga Schmidt y la entonces directora del complejo, Pilar García Argüelles) cobraban al año 660.000 euros, unos 110 millones de las antiguas pesetas. La cifra fue desmentida con rotundidad por la dirección ce Cacsa en un comunicado en el que revelaba una situación hasta entonces desconocida: los contratos de servicios especiales de Toharia y Schmidt. Corría el año 2002. Poco, desde el punto de vista de la transparencia, ha cambiado desde entonces. Sólo a través de la Sindicatura de Comptes y gracias al esmero de algunos diputados de la oposición (la socialista Ana Noguera accedió a los gastos de hoteles y restaurantes de Schmidt) han trascendido detalles de contratos que se guardan como oro en paño y que sobreviven a la política de transparencia que el Consell está aplicando.
