El exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) e imputado en el caso Emarsa, José Juan Morenilla, defendió ayer ante el juez su gestión al frente del organismo dependiente de la Generalitat y que financiaba la depuradora de Pinedo. Morenilla, que acudía por primera vez a declarar, aseguró que los pagos que la Epsar realizó a Emarsa estaban justificados y que, incluso, se negó a abonar 13 millones de euros para obras que le exigía el exgerente de Emarsa y principal imputado, Esteban Cuesta. Su hipotético buen trabajo al frente de la Epsar contrasta, según explicó, con los pagos que hizo la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) a la extinta empresa pública, «todo ello sin ningún informe técnico que evaluase en qué se gastaba el dinero su empresa instrumental».
Y es que fue la Emshi, entidad que gestiona el agua en alta de Valencia y su área metropolitana, la que como propietaria de Emarsa pagó en julio de 2010 los costes de liquidación de la saqueada empresa pública tras estallar el escándalo. En concreto fueron siete millones de euros, más otros diez que financió para cubrir el déficit generado entre 2004 y 2010 y que no cubrían las aportaciones de la Epsar, que iban de los 10 a los 20 millones de euros al año según las necesidades. Morenilla ataca así a la línea de flotación de la Emshi, ya que pone en duda los pagos que hizo para su liquidación y que le obligaron a sacar dos préstamos bancarios para hacer frente a ellos. Tras el cierre de Emarsa la depuradora de Pinedo pasó a manos de la Epsar y ésta adjudicó su gestión a una Unión Temporal de Empresas liderada por Aguas de Valencia.
Pero ahí no se quedó su defensa ante el juez y la fiscal, los únicos que le pudieron formularle preguntas ayer. Morenilla explicó que desde la dirección de Emarsa, «y su entorno», le «machacaban» a él y su director económico para que aumentaran la financiación a la empresa pública durante los años en que estaba siendo saqueada. «Son 16 reuniones del Consejo de Administración a lo largo de años en las que se ha manifestado por consejeros retribuidos que se incrementase la financiación de la Epsar», argumentó Morenilla, quien consideró esta actitud como un «asedio». «A pesar de todo esto, la actitud de la Epsar fue financiar los gastos de explotación que los servicios técnicos determinaron, sin ceder a estas presiones», defendió el exgerente de la entidad dependiente de la Generalitat, en contraposición con los 17 millones que habría pagado la Emshi sin los preceptivos informes. En este sentido, Morenilla reveló que Cuesta le solicitó 13 millones de euros para obras en la depuradora de Pinedo que la Epsar rechazó financiar.
148.000 euros al salir de Epsar
Morenilla también acusó al portavoz del PSPV en la Emshi y exvicepresidente de Emarsa, Ramón Marí, y a la diputada socialista y alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, de haber montado una campaña de «desprestigio» que le costó su puesto de trabajo en la empresa Facsa tras su salida de la Epsar. Morenilla aseguró que Marí y Martínez le atacaron personalmente «con el único objetivo de llegar a la financiación del PP, que es lo que persiguen». Cabe recordar que una de las causas de la imputación de Morenilla fue una denuncia de Martínez ante la fiscal sobre su patrimonio y el de su familia.
El exgerente de la Epsar dejó la entidad pública en julio de 2011 y se fue a trabajar a Facsa, una de las empresas de gestión de agua que había recibido más de 30 millones de euros de la entidad que dirigía. Morenilla niega que haya incompatibilidad ya que las resoluciones de adjudicación las firma el presidente y no él como gerente. Por el puesto de director general en esta empresa iba a percibir 148.000 euros anuales, aunque al ser despedido sólo percibió una anualidad, la mitad de la cual, afirmó, se la quedó Hacienda.
La fiscal repasó con el imputado su patrimonio, entre el que destacan una vivienda en Meliana, un apartamento en Candanchú, varias plazas de garaje y un vehículo Nisan. Un segundo coche lo vendió. Además, dispone de acciones por un valor de 90.000 euros y un fondo garantizado de la Caixa por valor de 50.000, así como dos planes de pensiones.
Morenilla y su periplo en Igualada, centro de operaciones de Roca
Antes de entrar a en la Epsar como empleado, el imputado José Juan Morenilla trabajó en el sector privado en Cataluña, entre otras firmas en Searsa. En esa etapa, entre 1991 y 1993 residió en Igualada, ciudad catalana donde el empresario fugado Jorge Ignacio Roca tenía su base de operaciones mientras saqueaba Emarsa entre los años 2005 y 2009, ya que posteriormente se mudó a Francia. Al ser preguntado por la fiscal si conocía a Roca, Morenilla negó la mayor y aseguró que el hecho de trabajar en este municipio en el que Roca tenía varias empresas no es sólo un casualidad, «sino una fatalidad», respondió. El PSPV aseguró hace unos meses que el exgerente de la Epsar conoció en Igualada a Roca. Por su parte, Morenilla reconoció que había trabajado con Jorge Hernández Blanch y que, además, son muy buenos amigos. Hernández Blanch ha sido dirigente de Adobs Orgànics, una de las empresas investigadas en la trama de lodos de Emarsa y trabajó para Aqualia, firma dependiente de FCC que subcontrató a Zonday, una de las sociedades con las que Jorge Ignacio Roca hincó facturas de Emarsa. El exgerente de la Epsar explicó al juez que desconocía de los negocios de Hernández Blanch, ya que no habla de trabajo con sus amigos. s. pitarch valencia
