Algunos imputados en la investigación del presunto fraude en las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo tienen más problemas judiciales de los que ya se enfrentan en la actualidad. Joaquín Blasco Prieto, conocido como el Farmacéutico y considerado como el número dos de la Fundación Hemisferio, tiene una demanda interpuesta en un juzgado valenciano contra la empresa del cabecilla de la trama, el empresario preso Augusto César Tauroni.

El Juzgado de lo Social número 14 de Valencia ha citado a GCS, la sociedad de cabecera de Tauroni, para un «acto de conciliación y juicio interrogatorio» solicitado por Joaquín Rafael Blasco en su demanda. «De no comparecer, podrán considerarse reconocidos como ciertos» los hechos que se le atribuyen, explica la citación en poder de este periódico.

Este juzgado ha intentado poner­se en numerosas ocasiones en contacto con Tauroni o cualquier responsable de GCS pero no los ha podido localizar, pese a que está en prisión desde febrero de este año. Varios extrabajadores de la empresa de cabecera del empresario encarcelado han presentado demandas similares a las del imputado Joaquín Blasco, pero no han conseguido cobrar el dinero que les debe ni los actos solicitados en sus denuncias.

Según un auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Joaquín Rafael Blasco Prieto «estaba vinculado a la empresa Desfa, siendo la presidente de la misma una tía de éste y consejero su primo».

La magistrada recordaba el día en que ordenó las detenciones que «Joaquín Rafael Blasco ha ejercido funciones directivas dentro de la Fundación Entre Pueblos (posteriormente llamada Hemisferio), siendo quien impartía órdenes en ausencia de Augusto Tauroni».

El número dos de Hemisferio, Joaquín Blasco, cobró a través de su empresa farmacéutica Desfa y otra afín llamada Delivery Barnes, al menos, unos 370.000 euros en medicinas y evaluaciones en dos proyectos en República Dominicana y Guinea Ecuatorial, según documentación que obra en el sumario judicial.

Como ya contó este periódico, Joaquín Blasco tenía un despacho en la Fundación Hemisferio desde donde dirigía las acciones de los trabajadores para captar ONG, según los correos electrónicos que tiene la juez. Pese a ser dirigen­te cobró de proyectos que gestionó Hemisferio. Se trata de dos evaluaciones del uso de plaguicidas en dos proyectos en República Dominicana, por los que la firma percibió 80.429,76 euros.

Desfa, que también fue proveedora de la Generalitat, cobró por otros dos proyectos en Guinea Ecuatorial 187.000 y 38.655 euros, respectivamente, por el envío de productos farmacéuticos para la ONG Ceiba. Se desconoce si este supuesto envío llegó a sus destinatarios, ya que el contenedor estuvo nueve meses paralizado en el puerto de Malabo, según confirmó a este periódico tras estallar el escándalo Apolonio Mba, presidente de la organización.

Desfa entró en concurso de acreedores el 31 de mayo de 2011, justo en los días en que el fiscal Anticorrupción denunció la trama ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. La presidenta de Desfa era María Pilar Segura Crespo, quien a su vez administraba Delivery Barnes. Esta mercantil percibió 70.886 euros de la trama por el supuesto envío de alimentos terapéuticos a Guinea Ecuatorial.