El Consell de la Generalitat Valenciana acaba de dar una nueva vuelta de tuerca en su afán recaudatorio desarrollando, 24 horas después de que entre en vigor la ley 10/21012, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de organización de la Generalitat, los mecanismos administrativos para hacer operativo el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos.
La administración valenciana ya dispone de los modelos de autoliquidación para que los titulares de la explotación de vertederos presenten la liquidación correspondiente al primer trimestre y paguen por el depósito de la basura. Hay que hacer caja y en este caso la Generalitat no ha esperado a desarrollar la aplicación de la ley
El nuevo tributo propio ha sido justificado por la necesidad de "fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, así como la disminución de los impactos sobre el medio ambiente derivados de su eliminación en vertedero".
En teoría, el nuevo tributo será abonado por los titulares de la explotación de los vertederos, aunque resulta obvio que sus cuantías acabaran repercutiendo tarde o temprano sobre los ciudadanos contribuyentes, que son los responsables de sus residuos. Así lo establece claramente la norma, que no obstante prevé repercutir el impuesto a los vecinos "en documento específico" y "en la forma y plazos que se fijen por orden de la conselleria".
El nuevo impuesto, regulado por el artículo 155 de la Ley de Medidas Fiscales de la Generalitat, establece exenciones, pocas, para algunos residuos, entre los que figuran los procedentes de la construcción y demolición.
Sin embargo, para los volúmenes principales formados por residuos sólidos urbanos (RSU) no peligrosos, la normativa apenas contempla exenciones o rebajas en el impuesto. Cada tonelada de RSU susceptible de valoración -residuos de los que se puede obtener un aprovechamiento, bien mediante incineración, bien a través de la separación de sus elementos más valiosos- tendrá un gravamen de cinco euros, que se reduce a tres euros si se trata de residuos no valorizables.
Pese a que el importe final de la nueva fiscalidad puede pasar un poco desapercibido para el ciudadano, no se trata en ningún caso de importes desdeñables para vecinos como los del área metropolitana de Valencia, que han visto incrementado el importe de sus recibos de basura un 200% en el último año.
En el caso específico del área metropolitana de Valencia se generan cada año unas 700.000 toneladas de basura, según datos de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre). Una vez que la basura llega a las instalaciones de este organismo, se intenta separar la fracción aprovechable de manera manual y mecanizada.
Según datos referidos a 2010, solo el 8,6% de esta basura pudo recuperarse, lo que dejaría un volumen de 639.800 toneladas con destino al vertedero de Dos Aguas sujetas al nuevo impuesto. Pese a que sería discutible la no recuperabilidad de este residuo, el impuesto gravaría con tres euros la tonelada y encarecería en 1.919.400 euros el recibo anual. Si el residuo se considerara "valorizable" -de hecho parte de lo que va a Dos Aguas podría ser incinerado- el impuesto asciende a cinco euros la tonelada y el importe anual de los recibos en el área metropolitana subiría en 3.199.000 euros.
En la Comunitat Valenciana se estima una producción anual de 3.371.378 toneladas de RSU que mayoritariamente terminan en vertederos, algunos de ellos de dudosa legalidad.
