Afectados por el impago de ayudas a la vivienda se han concentrado hoy frente a las puertas de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para reclamar a la Generalitat el pago de la deuda, que asciende a 250 millones de euros y afecta a unas 50.000 familias.

Además de la protesta, convocada por la Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda, han presentado ante la Conselleria una reclamación conjunta en la que exigen el reconocimiento por parte de la Generalitat de dicha deuda y que garantice que las ayudas "no prescribirán".

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras han informado de que la Generalitat pagará "en tiempo y forma" conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, han asegurado que las ayudas "no prescribirán", ya que para ello el Consell tendría que iniciar un expediente y "no lo va hacer", y han anunciado que la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, se reunirá con los miembros de la plataforma antes de finales de este mes de enero.

El representante de la plataforma, Francisco Rodríguez, ha explicado que la Generalitat dejó de pagar las ayudas a la adquisición de vivienda en marzo de 2009.

Además, ha advertido de que los bancos, cuando está llegando el vencimiento de los préstamos de los anticipos por convenio, están reclamando a los propietarios la deuda, "que realmente es de la Generalitat", denuncia.

Rodríguez ha manifestado que en su caso se ha visto obligado a refinanciar la deuda, pero muchos de los afectados no pueden hacer frente a la misma y pueden verse "desahuciados".

La Generalitat, asegura otro de los afectados, Emilio Soriano, ofrecía la posibilidad de recurrir a los anticipos y publicó un listado de bancos con los que tenía firmados convenios.

Esta información, explica, "fue clave" para pedir el anticipo y la "garantía" por parte de la Generalitat de que en dos años abonaría esta cantidad en concepto de ayuda.

En su caso, advierte, si la Generalitat no abona la ayuda se verá obligado a refinanciar la cantidad por un préstamos personal a un interés del mercado de un 10 o un 11 por ciento, "si el banco lo concede", o buscar alternativas.

Otro de los afectados, Agustín Peñarroja, en el paro desde hace cuatro años, denuncia que teme verse en una situación de desahucio si la Generalitat "no cumple su obligación" y abona los 11.100 euros que le adjudicó como ayuda a la vivienda.

"He pedido soluciones, como que el banco adelante la ayuda, pero nos han dicho que ellos no pueden hacer nada", lamenta, y critica que "la Administración no haga frente a su compromiso de pago".

Por su parte, la diputada socialista María José Salvador, que ha acudido a la protesta, recuerda que la Generalitat aprobó el pasado octubre una modificación de crédito de 5,5 millones de euros para el pago de estas ayudas, y publicó el listado de 1.400 personas que se verían beneficiadas.

Según Salvador, en los presupuestos de 2013 figuran también otros 3,6 millones de euros destinados a otras 500 personas en una situación similar.

El PSPV ha pedido la creación de una comisión de estudio para que el Consell explique el "orden de prelación" a la hora de pagar, y los criterios para la selección de las personas que figuran en el listado.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras han asegurado a EFE que en ese listado se ha dado prioridad a las personas a las que los bancos estaban cobrando intereses porque la Generalitat no ha abonado todavía las ayudas.