A las 12 horas de hoy martes expiraba el plazo que se había dado el Consell para intentar arrancar del Gobierno de Mariano Rajoy un sí a la reforma del Estatut que blinda, en su cláusula adicional primera, la llegada de inversiones estatales a la C. Valenciana en función de su peso demográfico. Esto es, unos 500 millones de euros más de los que se reciben ahora. La hora H la fijó el viernes el vicepresidente José Císcar, teniendo en cuenta que hoy era el día D, en el que el pleno del Congreso tenía como primer punto del orden del día ese debate. A Alberto Fabra le han sobrado 24 horas. No para lograr su objetivo de convencer al ministro que custodia la caja, Cristóbal Montoro, y al Gobierno, sino para certificar que aquel mantra del «poder valenciano», acuñado en tiempos de Eduardo Zaplana, no es ya ni siquiera una remota leyenda urbana.
Consumada la imposibilidad de cambiar el criterio gubernamental contrario a esa cláusula „presente en los estatutos catalán y andaluz„ expresado también por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con la que comió Fabra, el Consell tomó ayer la decisión de suspender el partido como solución para no perderlo. Fabra y el PPCV se asomaron, a través de sus diputados en Madrid, al precipicio de tener que votar en contra de los intereses de la C. Valenciana y de su propio criterio expresado el 9 de marzo de 2011 en las Corts. Ese día, PPCV , PSPV y Compromís votaron la cláusula. EU se abstuvo. La segunda posibilidad era romper la disciplina de voto, lo que para Fabra, colocado y sostenido por Génova y Moncloa, habría sido un suicidio político. Prefirió refugiarse en una debilidad que le impide ejercer el único deporte que permite crecer a los políticos sin presupuesto: la reivindicación.
Tercer aplazamiento del debate
Así que el Consell optó por la retirada y envió un escrito a las Corts en la que insta a la Cámara autonómica a solicitar al Congreso que aplace el debate por tercera vez. En las otras „la última en abril de 2012„ faltaba designar el ponente. «El Consell ha tenido conocimiento (...) de la inclusión en el orden del día de la sesión plenaria del próximo martes, día 10 de septiembre...». Así arranca el texto, como si el debate fuera sobrevenido, cuando el fax del Congreso al presidente de las Corts, Juan Cotino, informándole del orden del día es de 3 de septiembre.
La tijera, que Fabra ha convertido en tótem de su gestión, ha servido como argumento o coartada para vestir la maniobra. El Consell defiende que la citada cláusula inversora debería «tramitarse conjuntamente» con la propuesta de rebaja del número de diputados de las Corts de 99 a 79, «una vez ésta última haya cubierto todos los trámites previstos, por evidentes razones de ahorro de costes».
PP: «En abril ya lo propusimos»
El conseller de Gobernación y secretario general del PP, Serafín Castellano, y el portavoz parlamentario, Jorge Bellver, abundaron ayer por la tarde en las razones de austeridad para justificar la maniobra de aplazamiento. «Por ahorro, oportunidad y sentido común», reiteró Castellano, quien explicó que agrupar la tramitación de las dos reformas en un solo debate y en un referéndum ciudadano „necesario para cambiar la Carta Magna valenciana desde que se retocó en 2006„ sería más barato. «Hay que evitar dos referéndums», abundó el número dos del PP. De entrada, pretenden que esa consulta coincida con las elecciones europeas de mayo de 2014.
Castellano negó que el argumento del ahorro sea una excusa ofrecida 24 horas antes de la votación. «El 11 de abril el Consell ya planteó unir las dos reformas y no se está diciendo nada nuevo», comentó. Compareció con recortes de hemeroteca, consciente de lo chocante que resulta la estrategia. Castellano y Bellver defendieron que no era legalmente posible la tramitación separada para luego aglutinar las propuestas en un plebiscito. Fuentes del PP admiten que se trata de una maniobra para cambiar de tercio el debate y acusar a la oposición de negarse a medidas de ahorro «cuando estas les afectan personalmente». «Todos los ciudadanos hacen esfuerzos, pero cuando hablamos de recortes que les afectan a los partidos, dicen que ni pensarlo; nosotros hemos reducido un 60% la subvención de los partidos», defendió Bellver como anticipo de un argumentario que entienden que cala ahora que la desafección política es la segunda religión en bautizados y la primera en practicantes.
La reducción de 20 butacas en el patio parlamentario requiere cambiar los artículos 23 y 24 del Estatut. La oposición, desde el PSPV hasta Compromís y EU, ha expresado su rechazo a la medida. El consenso sobre la rebaja de escaños oscila entre el improbable y el imposible, lo cual acarrearía un archivo de la cláusula favorable a incrementar las inversiones en la Comunitat Valenciana. En este sentido, Castellano negó que la decisión de posponer el debate perjudique los intereses valencianos y reiteró que las dos propuestas de reforma «son del PP». Además, «no estamos solicitando la retirada de la iniciativa sino un aplazamiento del debate», insistió el dirigente popular.
El recorte de escaños está en fase muy embrionaria, como anteproyecto de ley validado por el Consell el pasado 26 de julio y a la espera de dictamen del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social. Castellano apremió ayer al líder socialista Ximo Puig a presentar su alternativa, ya que, dijo, rechaza la propuesta del PP.
