Velluters lucha por librarse del estigma

La ordenanza del Ayuntamiento de Valencia sanciona a los clientes y protege a las prostitutas - La Policía Local ya ha levantado más de un centenar de actas de advertencias en el barrio

26.09.2013 | 19:46

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La prostitución en sus diferentes formas y escenarios es un «problema» que ni los gobiernos ni las administraciones locales han podido solucionar. De forma general, las Fuerzas de Seguridad del Estado combaten el proxenetismo, las mafias y la trata de blancas, pero el ejercicio mismo de la prostitución vive en un limbo judicial de difícil resolución.

Por lo que respecta a los ayuntamientos, gestores de la vía pública, todo lo que pueden hacer es evitar su implantación en las calles y evitar tanto las molestias a los vecinos como el menudeo de droga que generalmente lleva aparejado. Y eso es lo que se ha hecho en Valencia después de múltiples quejas de los vecinos de Velluters, donde está el menguante barrio chino, y después de que el Grupo Municipal Socialista diera el empujón definitivo al titubante equipo de Gobierno para crear una ordenanza en este sentido, que acaba de entrar en vigor.

Se trata de un documento, muy deficiente en sus orígenes y claramente mejorado en el periodo de legaciones, que tiene como base perseguir a los clientes y proteger a las prostitutas, un «triunfo» que se arroga el grupo socialista ante el PP, más partidario de sancionar a todo el mundo. Para los clientes puede haber multas de entre 300 y 2.000 euros y para las mujeres, salvo que sea reincidentes y caigan en la desobediencia, no habrá sanción alguna. Es más, de forma paralela a la ordenanza se ha puesto en marcha un plan social para su reinserción laboral, un déficit que, junto con la ausencia de un amplio dialogo social, han sido los principales motivos por los que los grupos de Compromís y EUPV, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos, han dado la espalda al texto. A los primeros cursos ya se han apuntado 55 mujeres y media docena de ellas han encontrado un trabajo de limpiadoras de grandes superficies.

La ordenanza entró en vigor hace dos semanas y el balance, hasta donde se puede hacer con un periodo de tiempo tan corto, parece positivo, al menos en su objetivo básico, que es acabar con esta actividad en la calle.

En el barrio chino se han levantado ya más de un centenar de actas de advertencias a otros tantos clientes „así lo indica la propia ordenanza antes de proceder a la multa„ y se ha impuesto una sanción de 2.000 euros a un cliente reincidente, la sanción máxima al estar a menos de 200 metros de un colegio o un parque infantil.

Pero lo que es más importante, se ha reducido un 70% la actividad en la calle. Hay menos clientes y las mujeres se han refugiado, según señalan los vecinos, en los locales de la zona, bares, hostales, pensiones o pisos particulares, que ahora son más que nunca foco de degradación. Incluso en el conjunto de la ciudad se está notando el impacto de la ordenanza, pues los propietarios de apartamentos han detectado una alta demanda de habitaciones con baño por las que las mujeres ofrecen hasta 400 euros semanales, todo un negocio para ellos y al parecer para ellas, que van rotando cada pocos días por estos nuevos cobijos.

La Policía Local tiene ahora pendiente, precisamente, luchar contra los locales, hostales y pensiones ilegales. Su baza está en la higiene, la sanidad y las propias licencias, pero no es fácil. En una primera oleada, desarrollada en los últimos dos años, se cerraron seis locales del barrio chino, pero algunos perduran y otros se han reabierto ahora en unas condiciones higiénicas lamentables.

Solo el tiempo dirá ahora si la ordenanza ha cumplido con su papel. De ser así se habrá liberado Velluters de esta lacra social y además se habrá acabado con la mala imagen de un pequeño grupo de calles situadas a apenas unos metros del mercado Central, la Plaza del Ayuntamiento o la Lonja, los grandes atractivos turísticos del centro de la ciudad.

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