El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que todas las fiscalías de España tienen indicación de activar protocolos de conexión con las fuerzas de seguridad del Estado para adoptar medidas de prevención ante las excarcelaciones derivadas de la anulación de la doctrina Parot, como podría ser el caso de Miguel Ricart, condenado en 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Míriam, Toñi y Desirée, las tres adolescentes de Alcàsser,.
Torres-Dulce hizo estas declaraciones en Valencia, donde presidió el acto de toma de posesión del cargo del nuevo fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes. Se trata de una especie de «advertencia» para que los cuerpos de seguridad «valoren» y «supervisen» las situaciones peligrosas, explicó. «Nosotros ponemos en conexión estos datos excarcelaciones con todos los que recibimos de centros penitenciarios que valoran las conductas y la posibilidad de reinserción», según Torres-Dulce.
Preguntado por si este protocolo supone una especie de vigilancia, el fiscal general del Estado respondió: «No estrictamente». La Fiscalía pone en conocimiento y la decisión de cómo se lleva a cabo le corresponde estrictamente a las fuerzas policiales, según precisó. Este caso, recalcó, «es consecuencia directa del Estado de derecho y de la aplicación rigurosa de una sentencia que provoca estas consecuencias absolutamente inevitables».
Por otra parte, preguntado también si considera la posibilidad de que la Fiscalía actúe de oficio ante el cierre de Ràdio Televisió Valenciana, respondió que «la Fiscalía actúa de oficio exclusivamente en todos aquellos casos en los que se ha podido cometer un hecho delictivo».
