Durante muchos años, las instituciones empresariales valencianas hicieron de correa de transmisión de los gobiernos del PP, apoyaron sumisamente todas sus estrategias y políticas y algunas de ellas acabaron sumidas en el fango de la corrupción que salpicó a quienes se acercaban demasiado a los populares. Pero las relaciones entre ambas partes empezaron al revés. Fue el llamado pacto del pollo. Después de doce años de ser una indisimulada plataforma de oposición a los ejecutivos del socialista Joan Lerma „y de haber suministrado al PP un líder desde la presidencia de la patronal CEV (Pedro Agramunt)„ los empresarios estaban deseosos de que gobernaran las derechas. El sucesor de Agramunt en la CEV, José María Jiménez de Laiglesia, y el presidente de AVE, Federico Félix, se erigieron en los muñidores del pacto de legislatura entre PP y Unió Valenciana que en el verano de 1995 llevó a Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat. Tras aquel éxito, los patronos se sintieron gallos „hasta impusieron a Antonio Baixauli en la presidencia de Feria Valencia en septiembre de 1996„ y siguieron desempeñando su papel un tiempo, hasta que Zaplana les cortó la cresta.
La ruidosa dimisión de Jiménez de Laiglesia en febrero de 1997, en medio del escándalo de los cursos de formación y que este atribuyó, entre otros motivos, al desapego de Zaplana, marca un punto de inflexión y el inicio de una auténtica omertá empresarial que se prolongó hasta el inicio de la crisis y a partir de la llegada de una nueva hornada de dirigentes patronales que logró apartar al sucesor de Jiménez de Laiglesia, Rafael Ferrando, un constructor que nunca alzó la voz, probablemente porque estaba de acuerdo con casi todo lo que veía a su alrededor. Como publicó Levante-EMV, en aquellos años sus empresas prosperaron. Y mucho. Lo cierto es que el dinero parecía crecer de debajo de las piedras y los empresarios no estaban dispuestos a perder ese maná. Arroparon sin sonrojarse todas las estrategias emanadas desde la Generalitat y el PP, como se hizo evidente en infinidad de ocasiones en un debate que hace años que está enterrado pero que, no hace mucho, era la matraca diaria de Francisco Camps: el déficit hídrico.
Aquellos años de vino y rosas „solo ocasionalmente alterados por alguna salida de tono del por otro lado siempre fiel presidente cameral (1995-2010) Arturo Virosque y la creciente autonomía que empezaron a ejercer los grandes patronos reunidos en el lobby AVE„, tuvieron su imagen perfecta en la reunión que los presidentes de la patronal, la Cámara, la Feria y el Puerto mantuvieron con Camps en abril de 2003 en la campaña electoral que llevó a este a la presidencia de la Generalitat por primera vez. Aquella fotografía se repitió en otras ocasiones. Tal como publicó Levante-EMV, las organizaciones empresariales hicieron público un comunicado en el que, además de criticar las propuestas de los partidos de la oposición, defendían «la continuidad de la actual política económica», es decir, la misma que ha situado a la Comunitat Valenciana al borde de la quiebra.
FERIA VALENCIA
Los sobrecostes, Gürtel y la ruina
Si una institución empresarial ha estado al servicio de los populares esa ha sido Feria Valencia. Y eso que ninguno de los últimos presidentes fue puesto en el cargo por la Generalitat. A Baixauli, como ha quedado dicho, lo impusieron los empresarios, y su sucesor Alberto Catalá (1999-2013) llegó a través del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Catalá heredó de Baixauli la idea de ampliar el recinto ferial y, pese a algunas reticencias iniciales, la administración Zaplana acabó por hacer suyo un proyecto a la postre megalómano y costosísimo. Las obras tuvieron un coste final cercano a los 600 millones de euros, el doble de lo presupuestado, y esa abultada deuda la está pagando en solitario la Generalitat, a razón de unos 30 millones anuales. Con la llegada de la crisis, la Feria entró en decadencia y ahora atraviesa una situación crítica, con el peligro incluso de que sea el próximo juguete roto en manos del PP.
Además de los sobrecostes, la gestión de Feria Valencia en los años de Catalá fue polémica, como poco, por otros motivos. El recinto fue utilizado por los populares como escenario de algunos de sus baños de masas, como, por ejemplo, el congreso nacional que reeligió presidente a Mariano Rajoy. En 2011, Compromís denunció que el PP debía 568.000 euros a la institución por este concepto. El nuevo presidente ferial, José Vicente González, admitía hace unos días que la deuda sigue pendiente. Con Gürtel, a través del protegido de Camps Álvaro Pérez, la Feria formalizó numerosos contratos e incluso le confió la contratación de las responsables de marketing que gestionaron algunos de ellos. Dos de los más llamativos, como publicó este diario, fueron la contratación de Orange Market para promocionar el certamen del Hábitat por 800.000 euros y los 74.000 que la institución pagó a esta empresa por un acto presidido por Camps.
