Víctimas del robo de recién nacidos en España han denunciado ante la ONU el «incumplimiento» por parte de la Iglesia del convenio de los Derechos del Niño y aseguran que ésta «sigue negando su implicación» en la compraventa de bebés y mantiene una actitud «obstruccionista y oscurantista» en los tribunales.
Según ha informado Enrique Vila, abogado de SOS Raíces y SOS Bebés Robados, se han visto «obligados» a remitir este escrito porque la Santa Sede informó recientemente a la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU de que la Iglesia «apoyaba y colaboraba con la investigación de los niños robados en España» y no es verdad.
En el escrito remitido a la ONU por las víctimas del robo de bebés nacidos en España se comunica que la Iglesia «sigue sin pedir oficialmente perdón a las víctimas» y «negando su implicación, aunque sea indirecta a través de sus miembros o su pasividad, en estos hechos». Los afectados indican que es «rotundamente falso que la Iglesia colabore con la justicia en el esclarecimiento de los casos de bebés robados», y que sucede ocurre lo contrario, «que mantienen una actitud obstruccionista».
El escrito firmado por Vila dice que las asociaciones han pedido ayuda y audiencia a la Conferencia Episcopal, al arzobispado y al propio Estado Vaticano y a Su Santidad el Papa Francisco y jamás se les ha contestado.
Sin pedir perdón
El representante de SOS Raíces y SOS Bebés Robados indica que la Iglesia española «no solo no reconoce la implicación de parte de sus miembros en la trama de compraventa de bebés en la segunda mitad del siglo XX en España, sino que sigue sin pedir oficialmente perdón a las víctimas y niega su implicación en estos hechos».
Los afectados destacan que, actualmente, algunas instituciones religiosas españolas «siguen incumpliendo las resoluciones judiciales y se niegan a facilitar los datos de las madres biológicas a los hijos, adoptados o robados, que las buscan en el ejercicio de su derecho a conocer sus orígenes (en referencia a la Casa Cuna Santa Isabel)» y que la participación de la Iglesia en la trama de compraventa de niños «fue directa en muchas ocasiones a través de monjas y curas que actuaban como intermediarios o agentes directos del robo».
