La reapertura de la investigación sobre el accidente del metro, decidido ayer por la sección segunda de la Audiencia Provincial, obligará a declarar a los técnicos y directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) responsables del área de talleres, de diseñar y decidir dónde se colocaban las balizas o del método de reparación de las ventanas. Así consta en el auto de la Audiencia, hecho público hace menos de una hora por el TSJ, en el que la Audiencia corrige la negativa de la jueza, Nieves Molina, a retomar las investigaciones siete años después del siniestro.

La Audiencia de Valencia admite las diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio en lo referente a examinar el estado de las unidades implicadas en el accidente (la UTA 3736 y la 3714), por lo que se tomará declaración a los responsables de taller y a los maquinistas que condujeron la unidad siniestrada, para que informen de los tres descarrilamientos previos de la UTA 3736, que la empresa ferroviario ha ocultado siempre, hasta que Levante-EMV los reveló a lo largo de siete años de investigación del siniestro. FGV también deberá aportar información sobre los problemas en los frenos, denunciados por el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), a cuyos responsables también se tomará declaración. Igualmente, la Audiencia también obliga a la jueza a que tome declaración a los policías judiciales que elaboraron el informe sobre el accidente (que en la instrucción anterior nunca llegaron a declarar), así como reclamar información a la empresa fabricante de la unidad, CAF, aunque en el auto se cite a la empresa Siemens, sobre el tren y sobre las lecturas de las cajas negras de las unidades siniestradas.

Otro de los asuntos que la Audiencia también obliga a investigar es el tema de las ventanas (cuyo desprendimiento provocó la mayoría de las trágicas muertes, como contó Levante-EMV y se denunció en el programa Salvados).

También se tomará declaración a los responsables de «ubicar y programar las balizas» de frenado que, como también adelantó Levante-EMV, podrían haber evitado el siniestro en caso de estar instaladas o reprogramadas las que existían para regular la velocidad a la entrada y salida de las estaciones.

Por último, la Audiencia también obliga a realizar un nuevo informe pericial por el mismo perito (Andrés Cortabitarte, un directivo de Adif, que elaboró el primer análisis sobre el accidente en 2006) para que dictamine si las unidades siniestradas tenían deficiencias previas, «como se puede deducir por los siniestros previos de los que no se informó al juzgado y al perito), si afectó al accidente la existencia de averías previas en el sistema de frenado «de la que no se informó al perito» y, por último, que analice por qué se desprendieron las ventas al volcar la UTA 3736, según el auto de la sección segunda.

Siete años en los tribunales

El pasado septiembre de 2013 la Fiscalía de Valencia solicitó de nuevo a la Audiencia la reapertura de la investigación por el accidente de metro ocurrido en Valencia al estimar que concurrían "nuevas pruebas" en este caso, como descarrilamientos previos al siniestro que no fueron contemplados en su momento y criticaba que la jueza instructora se había atribuido un papel de perito que no le correspondía.

De esta forma, Fiscalía recurría la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 21, Nieves Molina, que rechazó la petición del ministerio público de reabrir diligencias porque estimó que no se habían aportado argumentos novedosos y al entender que no cabía la "menor duda" de que el siniestro se produjo como consecuencia de una velocidad "inadecuada" del maquinista.

El ministerio público presentó en julio un nuevo escrito al juzgado para pedir esa reapertura tras recibir dos denuncias, del PSPV y del portavoz de Cercle Obert de Benicalap, tras la emisión del programa de televisión 'Salvados'.

Ahora la sala ha estimado parcialmente los recursos y ha ordenado practicar once diligencias.

Precisamente, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio de 2006 (AVM3J) pidió este pasado lunes a la comisión de Peticiones de la Eurocámara que "repruebe" la actuación del Gobierno valenciano frente al accidente por no haber asumido responsabilidades y haber actuado de forma "deshonesta" e "indigna" ante las víctimas.

Las víctimas del accidente del metro de Valencia de 2006 lograron el apoyo de todos los grupos políticos de la Eurocámara -socialistas, liberales, verdes e izquierda unitaria- salvo el PP, que fue el único partido en no enviar a ningún representante a la reunión que mantuvieron con la presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni. Los servicios jurídicos de la Eurocámara deberán examinar ahora si admiten a trámite las quejas de la Asociación.