El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, en manos del PP, ha rechazado este martes, como solicitaba el PSPV a través de una moción, pedir al Consell "la inmediata derogación" del Decreto 113/2013, de 2 de agosto en el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales, en lo referido al copago de los centros para personas discapacitadas y dependientes que acuden a centros ocupacionales, residencias o centros de día.
La propuesta socialista, que ha defendido el diputado del PSPV Emili Gregori, planteaba también "respaldar las peticiones del Comité de entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) en este sentido. Gregori ha indicado que hay "400.000 razones", en alusión a las "400.000 personas", afectadas por el decreto para pedir su anulación.
Asimismo, el representante del PSPV ha considerado que "una sociedad que no es capaz de escuchar y atender a los que más necesitan no se merece el calificativo de comunidad", por lo que ha señalado que "atender la demanda" de su grupo y "estar a favor de estas personas es necesario" y ha dicho que "no hacerlo es ponerse de lado".
Emili Gregorio ha señalado que este colectivo "no se niega a pagar" si no que "se queja de la repercusión económica que tiene el nuevo sistema de pago", a la vez que ha destacado que "no se puede pagar todo lo que les piden" y ha advertido que esta situación puede llevar a ver reducido el número de usuarios de los centros de servicios sociales. "Es necesario decir a la consellera y al presidente de la Generalitat que retiren este decreto que endurece más la situación anterior", ha argumentado.
La moción del PSPV, que finalmente ha rechazado el PP con sus votos, ha contado con el respaldo de los otros dos grupos de la oposición, Compromís y Esquerra Unida (EU). La diputada de EU, Rosa Pérez, ha censurado el ataque al "servicios básicos del estado del bienestar" y ha pedido que "pague más quien más tiene", mientras que el representante de Compromís, Emili Altur, ha hablado "requetepago" y ha rechazado "subidas" en el coste de los servicios sociales y "priorizar medidas económicas sobre sociales".
Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha intervenido en el pleno para explicar que antes de iniciarse la sesión se ha puesto en contacto con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para pedir que "se explique bien" el copago y que negocie con Cermi para "cerrar el tema". Asimismo, ha defendido que se rebaje todo lo que pueda las pautas del copago de los discapacitados y dependientes.
Rus ha manifestado que lo que se ha hecho con el decreto del Consell ha sido "aplicar" la ley estatal y ha criticado que "se digan cosas que no son". En este sentido, ha resaltado que "todas las personas que no pueden pagar tiene gratis" porque "no se puede consentir en una sociedad moderna e igualitaria, que una persona sin recursos tuviera que pagar" la asistencia que necesita.
No obstante, ha precisado que "aquí lo que no vale es todo gratis, ni antes, ni ahora". El responsable provincial ha afirmado a este respecto, como también ha apuntado antes de comenzar el pleno preguntado por esta cuestión, que "lo que no puede ser es que además de disfrutar de un recurso que se da gratuito --como la estancia en una residencia o la asistencia a un centro social--, haya familias que cobren" por ese dependiente o discapacitado.
"Si una persona está en una residencia, lo que no puede ser es que además la familia cobre 1.000 euros mensuales porque la residencia la estamos pagando entre todos", ha aseverado Alfonso Rus, que ha defendido el modelo que aplica la institución provincial en centros como el que tiene en Bétera (Valencia).
"No ponemos en marcha el copago. Sólo decimos que si usted viene gratis --a una residencia-- y cobra más de 630 euros, pague la diferencia. Así, cualquiera que esté en un centro ocupacional y tenga 630 euros de ingresos, no pagará hasta esa cantidad y si cobra más, abonará la diferencia".
La diputada de Bienestar Social, Amparo Mora, ha explicado, por su parte, que el "interés" de la Diputación es que la Generalitat y el Cermi "lleguen a un acuerdo", además de justificar la conveniencia del decreto del Consell porque "en este momento era necesario una regulación" sobre "lo que pagan los discapacitados y los dependientes" con el fin de "ser justos y equitativos para que ninguna persona percibiera más en detrimento de otra".
Mora, que ha negado que este decreto perjudique a 400.000 personas de la Comunitat y que se vayan a cerrar centros, ha defendido que el acuerdo que se alcance establezca una aportación económica "con arreglo a lo que cada persona esté cobrando". Asimismo, ha resaltado que "el que no pueda pagar irá igual" a las residencias o a los centros porque "aquí no se está cargando nadie el sistema de bienestar". Ha pedido que no se cree "alarma social" con esta cuestión.
MOCIÓN SOBRE ENERGÍA
Por otro lado, el pleno ha rechazado con los votos del PP una moción de EU sobre medidas para prevenir la pobreza energética que ha contado con el respaldo de PSPV y Compromís. Rus ha considerado que no eran necesario habilitar nuevas líneas en este sentido porque la Diputación ya cuenta en Bienestar Social con una bolsa de 3 millones de euros "para atender a la gente con más necesidad". El PP también ha señalado que la ley estatal en este ámbito contempla ya el bono social que "regula la situación de familias que no pueden pagar".
