La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia presentó ayer una enmienda a la totalidad de la investigación del accidente del metro realizada por la jueza Nieves Molina. Los magistrados José María Tomás y Tío, Juan Beneyto Mengó y María Dolores Hernández Rueda obligan a realizar muchas de las pesquisas que la titular del juzgado de instrucción número 21 se ha negado a efectuar durante estos siete años. La Audiencia decide reabrir la causa del accidente del metro porque, explica, «entendemos que en el presente caso no se han agotado los medios razonables y eficaces de investigación y se pone de manifiesto la existencia de nuevos elementos de investigación que podrían dar lugar a nuevas sospechas y hacer útil la continuación de la instrucción de la causa». De hecho, el ponente del auto, el magistrado Beneyto Mengó, alega que «ante la más mínima duda, hay que agotar la investigación, buscando la verdad, dejando inocuo el más mínimo resquicio de duda frente a la actuación de personas físicas o jurídicas que puedan haber sido o no responsables de una acción que ha producido la tremenda cifra de 43 muertos y 47 heridos».

También señala que «no puede dejarse indefensos a quienes en la legítima búsqueda de la verdad objetiva y la reparación adecuada, pretenden evitar la permanencia de vacíos sin cubrir en la investigación, excluyendo o marginando cualquier tipo de rencillas, conflictos o discordias entre instituciones». La Audiencia también corrige a la jueza Nieves Molina en su negativa a considerar relevantes las pruebas que aportó la Fiscalía de Valencia el pasado verano (los descarrilamientos y la rotura de ventanas). «Algunas partes personadas señalan la existencia de indicios que puedan aclarar lo sucedido, lo que exige tomarlos en consideración, deferencia y estima y, de este modo y por este motivo, practicar las diligencias de investigación que puedan esclarecer lo sucedido, de forma que las víctimas nunca puedan ni sospechar que no se hizo lo debido, y con ello se impidió descubrir el por qué de la muerte o lesiones de sus familiares más queridos».

Los magistrados reconocen que no les quedaba otra alternativa. «Jurídica y moralmente estamos estamos obligados a ser respetuosos, considerados y tolerantes con la más mínima duda planteada por las partes», aseguran en el auto de nueve folios. Y concluyen los razonamientos jurídicos con toda una declaración de intenciones: «No caben dudas, titubeos o vacilaciones, no hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad para evitar una victimización secundaria de las víctimas del fatal accidente, personificada en ellas mismas o en sus parientes más cercanos».

Los 3 descarrilamientos y la falta de balizas

Muchas de las 11 diligencias que la Audiencia obliga a realizar al al juzgado de instrucción número de 21 de Valencia se refieren al mal estado de los trenes implicados en el accidente del 3 de julio y la ausencia de balizas de frenado en el túnel del siniestro, datos que Levante-EMV ha publicado a lo largo de siete años de investigación sobre las circunstancias que rodearon el siniestro. La Audiencia de Valencia también considera relevante investigar los tres descarrilamientos previos de la UTA 3736 (la que volcó el 3 de julio) que FGV ocultó a la jueza y al perito y que sólo han podido conocerse gracias a las imágenes e informaciones publicadas por Levante-EMV durante estos siete años y que FGV reconoció por primera vez ante la Fiscalía el pasado verano. l. b. valencia