La Comunitat Valenciana, pionera en la privatización de la gestión de la sanidad pública con el modelo Alzira iniciado en 1999, sintió ayer los efectos de la paralización judicial y luego política de la gestión externalizada de seis hospitales madrileños. En estos momentos, la gestión privada se extiende a los departamentos sanitarios de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent. Ayer, partidos políticos de la oposición y sindicatos aprovecharon la decisión del TSJ madrileño para reclamar a la Generalitat que ponga en marcha un proceso «ordenado» de reversión de estos conciertos sanitarios para que los hospitales y los centros de atención primaria de estos cinco departamentos de los 24 que existen regresen a la gestión pública. El Consell, por boca de su president y su conseller de Sanidad, quiso marcar distancias con el caso madrileño y aseguró que descarta ampliar el modelo privatizador de la gestión sanitaria.

El posicionamiento de Ximo Puig, secretario general del PSPV, fue contundente al reclamar al PP que no espere a que los socialistas lleguen al gobierno de la Generalitat y empiece «de una vez por todas a revertir al sistema público lo que ha privatizado» en Sanidad. El líder socialista puso en tela de juicio que el departamento sanitario de la Ribera «funcione de forma más eficiente» que los centros cuya gestión es pública, por lo que exigió una «evaluación» de sus datos. Puig también aseguró que, en la Marina, «la inmensa mayoría de la población, incluidos los ayuntamientos del PP», exigen la reversión. «Cuesta más dinero a los valencianos tener la sanidad privatizada que si fuera pública», afirmó Puig.

También Esquerra Unida exigió al Consell «la paralización de cualquier plan de privatización» de la sanidad valenciana y coincidió en reclamar la reversión de la gestión privada de hospitales y centros de salud. La diputada de Esquerra Unida en las Corts Marina Albiol aseguró que la paralización de la privatización de hospitales en Madrid «tiene que convertirse en un referente» y otorga «más razón» para pedir una sanidad pública «sin externalizaciones». La decisión judicial adoptada en Madrid y el éxito de la marea blanca es, a juicio de Albiol, «un duro revés para el modelo de gestión privada nacido en Alzira».

El jefe del Consell, Alberto Fabra, reaccionó a la defensiva en una materia que ya le ha causado problemas desde su llegada al Palau. Fabra aseguró ayer que el proceso de externalización de la sanidad madrileña no es equiparable al modelo valenciano de «gestión indirecta». En la Comunitat Valenciana «tenemos un sistema de gestión indirecta pero la sanidad es pública, universal y gratuita», apuntó. «Da igual que sea por gestión directa o indirecta y no tiene nada que ver lo que es la resolución del TSJ de Madrid con lo que tenemos en la Comunitat Valenciana, con lo cual, no tenemos nada que decir», replicó el president, quien alabó la «satisfacción muy alta» que suscita la sanidad valenciana entre sus usuarios. Preguntado por si se va a extender el modelo a más centros sanitarios valencianos, Fabra contestó que en este momento no hay prevista «ninguna ampliación del sistema».

Fabra ya ha topado con los intentos de avanzar en la privatización de la gestión sanitaria. Menos de un año después de acceder a la presidencia, en la primavera de 2012, su conseller de Sanidad Luis Rosado anunció un modelo de «gestión compartida» que preveía privatizar la gestión agrupada de los servicios generales de todas las instalaciones sanitarias: seguridad, restauración, lencería y lavandería, mantenimiento, equipamiento, teléfono, etc. Finalmente, ante el desinterés de las empresas a optar por la gestión público-privada y pagar un canon y un ejercicio por adelantado en concepto de concesión, el Consell dio marcha atrás en este avance externalizador. Manuel Llombart, sucesor de Rosado, destacó ayer que desde que Fabra es presidente, «la Generalitat no ha privatizado ni ha externalizado ningún servicio sanitario nuevo».