Ni ahora ni nunca. El Ejecutivo de Rajoy no reconocerá la «deuda histórica» del Estado con la C. Valenciana que la Comisión de Expertos pactados por las Corts cifró en 13.449 millones solo desde 2002 (al no haber contado con la misma financiación por habitante que la media) y que el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha reclamado al Gobierno, aunque supeditando su compensación a que la economía mejore. Madrid, sin embargo, dejó claro que ni ahora, como exige la oposición, ni más adelante, como asumía Fabra. Lo expresó de forma contundente el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, número dos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en respuesta a una pregunta del diputado y líder del PSPV, Ximo Puig, en el Congreso, sobre la «infrafinanciación» de la C. Valenciana y el pago de la deuda histórica, tal como han aprobado varias veces las Corts, la última, el 13 de octubre pasado. «Rajoy ningunea a la C. Valenciana», censuró después Puig.
Beteta defendió que los dos sistemas de financiación, el de 2002 y el de 2009, fueron «adoptados como propios» por las comunidades, para añadir: «Un modelo aprobado conforme a ley, debatido conforme a ley y asumido como propio de forma voluntaria es imposible que genere una deuda histórica». «Las deudas han de ser vencidas, líquidas y exigibles», apuntó, para sostener: «Si se cumple la ley, eso es imposible». «El de deuda histórica y los rendimientos de un modelo de financiación son conceptos incompatibles e inaceptables», remató.
Acto seguido, dio pistas sobre los criterios que se tendrán en cuenta en la revisión del sistema de financiación. Frente a la tesis de Puig, quien denunció que «nada justifica» que un valenciano «reciba 208 euros menos que la media, 620 menos que un riojano o 454 menos que un extremeño para financiar los mismos servicios», Beteta destacó la importancia de factores como la extensión, la dispersión y el envejecimiento, que «son esenciales al ver y valorar la diferencia [en las necesidades de gasto] respecto al mero per cápita». Esos son los criterios que reivindica el frente del presidente extremeño, José Antonio Monago, integrado por las autonomías sobrefinanciadas y enfrentado al de los «tres tenores», Fabra y los presidente de Baleares y Murcia.
«Concepto anticuado y superado»
«Cuando se habla de gasto por habitante, es un debate anticuado y superado», sentenció. Precisamente, ese es el principal argumento del Ejecutivo de Fabra para reivindicar más recursos. Para Beteta, el gasto por habitante «es un concepto notoriamente insuficiente y le garantizo que no va a ser el único» que se tenga en cuenta. «Hable con sus compañeros de Galicia y de Extremadura», instó a Puig. «Nunca puede ser el único concepto el per cápita porque hay otros capaces de matizar, y de modo muy singular, cuál es el volumen de gasto que es preciso para que los ciudadanos tengan los mismos servicios en todo el territorio», defendió. «Es imprescindible que haya diferencias per cápita» porque «no es lo mismo vivir en una isla» o tener una población dispersa. «La financiación ha de ser diferente; si no, tendrían peores servicios», agregó.
El líder del PSPV le preguntó «cómo es posible que se reconozca la existencia de la deuda histórica con Extremadura y no pueda ser posible ni racional hablarlo con la Comunitat Valenciana», cuando, apostilló, «con el análisis que quiera de estos diez años se ve que la Comunitat ha estado infrafinanciada». Ante la indefinición de Beteta, lo emplazó varias veces a expresar su «opinión» sobre si la C. Valenciana está bien o mal financiada. Pero el secretario de Estado se negó a definirse al respecto remitiéndose a cuando esté listo el informe del ministerio sobre la evaluación del actual sistema. «Entonces se la daré porque aquí no se trata de opinar sino de valorar los datos; el resto son opiniones de parte». En el pasado, incluso Rajoy reconoció en Valencia ante el expresidente Camps la infrafinanciación. En elecciones.
En un momento dio la impresión de que Beteta negaba que Fabra le hubiera pedido la deuda histórica, si bien después apuntó que Moragues y Fabra han trasladado a Montoro y a Rajoy los acuerdos de las Corts que la reclaman, los informes «y la demanda de una mejora en la financiación».
