La presión de los mercados sobre la concesionaria del proyecto Castor aumenta y la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez -Escal UGS- intenta desbloquear el cierre del almacén subterráneo y la financiación del Gobierno antes del 30 de junio, fecha en la que la empresa (y sus socios) tendrán que hacer frente al segundo pago a los inversores que adquirieron bonos del proyecto por valor de 1.400 millones de euros, según informes de la agencia evaluadora internacional Ficth Ratings.
Según la mencionada agencia, más crítico será el plazo de noviembre de 2014, ya que en esta fecha la firma podría verse obligada a comenzar a prepagar los bonos de devolución preferente («senior bonds») en el caso de que el Gobierno no autorice la reapertura y siga sin aceptar su incorporación en el sistema de remuneración gasista español.
Ambos plazos se erigen como una de las pruebas de fuego críticas para un almacén de gas que fue promovido por el Gobierno junto con Escal UGS y que permanece cerrado desde septiembre tras la supuesta inducción de 540 terremotos.
En el caso del pago de junio, incluso aunque no hubiera reapertura, la agencias consideran que Escal UGS puede recurrir a financiación procedente de entidades comprometidas con el proyecto. Así, según los analistas de Fitch Ratings, «se prevé que ACS SCE pueda cubrir la mayoría de los requerimientos de deuda gracias al acuerdo de patrocinio» y también dispondría de otros «200 millones de euros del Crédito del Proyecto de Bonos (PBCE) -aportados del Banco Europeo de Inversiones- para pagos regulares de la deuda».
Pese a ello, Fitch Ratings advierte que ACS está especialmente «incentivada» para desbloquear la planta antes de noviembre de 2014, ya que, según la agencia, ACS habría asumido el compromiso de abonar el dinero de los bonos senior si en esta fecha el almacén Castor no comienza a ser financiado como estaba previsto por el sistema gasista español.
Y en este punto la clave es que el Gobierno se niega a aceptar esta transición si no hay garantía plena de una reapertura sin riesgo de nuevos terremotos. Por su parte, ACS presiona a Industria asegurando que una cláusula del contrato le permitiría devolver la plataforma al Gobierno y cobrar íntegramente su coste de 1.400 millones de euros.
