El Tribunal Superior de Justicia ha citado a las nueve de la mañana de hoy al exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y a los otros ocho procesados por el caso Cooperación para notificarles las condenas. Fuentes jurídicas apuntaron que la sala se ha inclinado por penas ejemplarizantes por el rechazo social que ha generado el caso, aunque no han encontrado probados todos los extremos de los delitos planteados por las acusaciones. La sentencia tiene más de trescientos folios y estaba prácticamente cerrada la semana pasada, aunque no se ha notificado hasta hoy para no interferir en las elecciones europeas. Los acusados van a recurrir ahora ante el Supremo que podría dictar una sentencia definitiva antes de fin de año al ser causa con preso.

Un indicio que ya apuntaba que el criterio de la sala fue la decisión de prorrogar la prisión preventiva del empresario encarcelado Augusto César Tauroni una vez acabado el juicio.

El ponente de la sentencia ha sido Antonio Ferrer. El magistrado terminó el borrador hace diez días y le entregó una copia a sus compañeros de sala Pilar de la Oliva y Juan Climent antes de aprobar la sentencia definitiva. En el juicio fue clave la declaración de la secretaria de Augusto César Tauroni que confirmó que el exconseller Rafael Blasco era el conejo. Además, ha sido esencial la declaración de los técnicos que formaban parte de la comisión que aprobó la ayuda de 1,6 millones de euros para un proyecto de alimentación y otro para construir pozos de agua en Nicaragua. Los técnicos acusaron a Rafael Blasco de presionarles para que eligieran a la Fundación Cyes entidad sin relación con la constructora a pesar de que no cumplía con las bases de la convocatoria. El fraude lo descubrió una becaria que viajó a Nicaragua a comprobar el desarrollo de los proyectos y que certificó que solo había llegado un 3% de las ayudas. La becaria explicó en la vista que allí solo había dos pozos con poca agua.

La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat situaron al exconseller Blasco como líder de la trama en la sombra. El fiscal pedía una condena de catorce años por cuatro delitos. Blasco negó en un primer momento su relación de amistad con el empresario Augusto César Tauroni. El resto de procesados son el exsubsecretario autonómico Àlex Català, el ex director general Josep Maria Felip, el exjefe de gabinete Xavier Llopis, la exsecretaria de Cooperación Tina Sanjuán, el exjefe del servicio de Cooperación Marc Llopis, y el expresidente de Cyes Marcial López y su compañera María José Cervera.

Otra prueba determinante ha sido la declaración del interventor del Estado que el último día de juicio desmontó las tesis de las defensas. El interventor del Estado, Joaquín Falomir, peritó las ayudas concedidas a la Fundación Cyes y certificó que se habían cometido una treintena de irregularidades. Falomir incidió en el juicio en que la Fundación Cyes nunca debió percibir las subvenciones porque no cumplía los requisitos de la experiencia previa y destacó que los informes por los que Tauroni cobró 456.960 euros fueron copiados de internet «incluso con sus erratas y faltas de ortografía».

Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ya decretó el año pasado el embargo de bienes por un valor de dos millones de euros del exconseller, de Àlex Català, de Josep Maria Felip y del presidente de la Fundación Cyes Marcial López. Blasco, Català y Felip dictaron las resoluciones y el órgano auditor incluyó también a Marcial López que no trabajaba en la Administración porque al recibir las subvenciones públicas tiene que responder de la gestión de las mismas.