El conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos Moragues, firmó ayer un nuevo acuerdo con los sindicatos (sólo se descolgó Intersindical) a tenor del cual se compromete a que la Generalitat devuelva antes del 31 de enero de 2015 la parte de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 descontada indebidamente, según los tribunales. El pacto llega al final sin condiciones previas. El Consell, a petición de los sindicatos, eliminó del texto el apartado en el que se exigía a los firmantes a comprometerse «a no promover reclamaciones jurídicas de ningún tipo hasta la ejecución del presente acuerdo». La muletilla, tal como informó Levante-EMV el pasado viernes, aparecía recogida en el apartado séptimo denominado «compromiso de colaboración». Aquí, la Generalitat apelaba a la buena fe negocial y pedía a las organizaciones sindicales que se comprometieran «a agotar los cauces de negociación e interlocución antes de adoptar medidas de conflicto o movilizaciones de cualquier tipo». Y añadía la exigencia de no ir a los tribunales. Esta última condición se ha eliminado. En realidad, la cláusula era inutil ya que las reclamaciones ante los tribunales sólo pueden presentarse a título individual, si bien es cierto, que los sindicatos habían prestado sus servicios jurídicos a los funcionarios para reclamar la devolución del dinero descontado ilegalmente: 44 días para el caso de los funcionarios; 14 para el caso del personal laboral y la totalidad de la extra para el personal de justicia. Eso sí, con el compromiso firmado de Moragues, los sindicatos aconsejan no acudir a los tribunales ya que, estiman, el afectado tardará más tiempo en cobrar. De la medida se beneficiará todo el personal de la Generalitat, así como el personal del sector público empresarial, según petición expresa de la FSP-UGT.
Moragues puso ayer en valor el acuerdo y lo vinculó al compromiso del Consell de mejorar las condiciones de los empleados públicos. En realidad, tenía pocas opciones. Tal como informó en su día este diario, la Generalitat acumula cientos de sentencias en las que se da la razón a los funcionarios. El Consell, que ya tendrá que pagar intereses de demora, se enfrentaba a una avalancha de demandas y temía, además de condenas en costas, una querella por prevaricación. Eso sí, Moragues, aunque forzado por los tribunales, ha tomado una decisión que lo enfrenta al Ministerio de Hacienda. El ministro Montoro está contra de que las administraciones paguen y quería que el Consell recurriera. Todos los sindicatos celebraron el acuerdo, excepto Intersindical que cree que el Consell debería pagar de oficio y de manera inmediata.
