La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, reclamó ayer durante la apertura del año judicial la creación de nuevos juzgados para reducir los tiempos de espera en la resolución de asuntos. De la Oliva reveló que el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial considera que son necesarios ochenta nuevos juzgados en la Comunitat Valenciana, aunque la Administración solo apuesta por poner en marcha cinco de forma inmediata. El conseller de Justicia, Luis Santamaría, admitió que hacen falta los órganos judiciales que reclaman los jueces, pero insistió en que no es realista pedir ahora al Ministerio los ochenta juzgados por las limitaciones presupuestarias. El problema de fondo es que el Gobierno central paga el sueldo del juez y el secretario y la Conselleria de Justicia tiene que hacer frente al salario de diez funcionarios por cada nuevo juzgado.

Pilar de la Oliva reconoció que puede que «no sean tiempos de crear juzgados», aunque se mostró dispuesta a «discutir la cifra». La presidenta del TSJ subrayó que es necesario reducir la espera de seis meses por un despido o la de dos años en el señalamiento de un juicio penal en Paterna o Gandia. La magistrada lamentó que la situación actual es inaceptable y defendió que la Justicia debe ser considerada un servicio «tan prioritario como la sanidad y la educación».

El conseller Luis Santamaría incidió en que «no es realista ir a una negociación con Madrid pidiendo una cantidad tan elevada, aunque sin duda sería lo deseable». Santamaría apuntó que de momento se van a crear cinco juzgados de refuerzo con la idea de que después se consoliden como órganos judiciales independientes. El responsable de la Conselleria de Justicia señaló que a finales de diciembre llegarán a la Comunitat Valenciana treinta y tres nuevos jueces, dieciocho para órganos colegiados (Audiencia y TSJ) y quince de adscripción territorial para reforzar los órganos con más carga de trabajo.

El conseller de Justicia destacó que a finales de 2015 se van a integrar los sistemas informáticos que utilizan los jueces y fiscales que ahora no son compatibles. «De este modo, se logrará la integración total y el intercambio electrónico de datos de manera eficaz, evitando la duplicidad de registros y de números de identificación de cada expediente entre las Administraciones de Justicia. Se trata, en definitiva, de unificar la información que han de proporcionar los distintos sistemas para lograr una respuesta más ágil y rápida», destacó Santamaría. La integración de los sistemas informáticos es una reclamación histórica de los jueces y fiscales.

Por su parte, el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, pidió un aumento de la plantilla de funcionarios. Montabes criticó las condiciones de las sedes de la Fiscalía en Alcoi y Gandia,y defendió la necesidad de trasladarlas a otros locales.