01 de marzo de 2015
01.03.2015

El TSJ obliga al Consell a pagar la renta de ciudadanía desde que se solicita

Bienestar Social cambió la ley en 2012 para que el pago se produjera tras aprobar el expediente, que se retrasa hasta un año - UGT asegura que se abre la puerta para reclamar pagos atrasados

01.03.2015 | 04:15
El TSJ obliga al Consell a pagar la renta de ciudadanía desde que se solicita

El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha vuelto a enmendar la plana al Consell en relación con su política de ayudas. Si en 2014 ha reconocido a los dependientes el derecho a cobrar las ayudas desde que fueron solicitadas y no cuando la administración las reconoce, con meses o años de retraso, algo similar pasa ahora con la renta garantizada de ciudadanía.

La sala de lo contencioso del TSJ ha dado la razón al sindicato UGT y declara nulo un apartado de la orden de conselleria, incluido en 2012, que decía que la renta se pagará desde «el mes siguiente a la fecha de resolución que reconozca el derecho de percepción». Así las cosas, la sentencia, contra la que cabe recurso, devuelve la orden a la redacción de 2008, que decía que la fecha de pago será el mes siguiente a la solicitud de la ayuda.

«Esta sentencia cobra especial relevancia en momentos en que el índice de pobreza supera el 30%», celebraba ayer Isabel López, secretaria de Política Social de UGT. Desde su puesta en marcha, esta renta que se concibe como la última tabla de salvación para familias sin recursos ha estado sujetas a gran polémica. La renta fue una exigencia sindical, apunta Toni Femenia, de UGT. «Es un derecho subjetivo, pero el Consell lo ha convertido en una subvención que se tiene que solicitar y renovar periódicamente», añade.

La ayuda está sujeta a la disponibilidad presupuestaria, algo que, con las estrecheces de la Generalitat, condena a muchas familias. En el verano pasado, unas 3.000 familias con la ayuda reconocida se quedaron sin ella. A finales de 2014, la conselleria amplió en tres millones la partida, de 23 a 26, lo que permitió dar nuevas altas. Para 2015 se han presupuestado 29 millones.

Según indica la conselleria, hoy por hoy hay reconocidas unas 11.000 ayudas que benefician, entre receptores y familiares, a 38.000 personas. Una cifra que desde los sindicatos se considera muy por debajo de las necesidades reales. Hace unos meses UGT cifraba en unas 80.000 las familias susceptibles de ser perceptoras de esta renta en la C. Valenciana. En 2013, según datos del ministerio, 21.473 personas la solicitaron. Las ayudas se conceden para seis meses y son prorrogables hasta un máximo de tres años.

Según denuncia el sindicato, hoy aún se están resolviendo solicitudes presentadas a finales de 2013, con más de un año de retraso. La sentencia del TSJ, apuntan, abre la puerta a que las personas que a partir de ahora reciban la resolución favorable puedan plantear recursos para cobrar derechos pendientes desde que hicieron su solicitud, lo que puede abrir un nuevo frente judicial al Consell.

Vicent Andrés, responsable de Análisis de Cáritas, se muestra igualmente crítico. Primero, con «la opacidad» del Consell respecto a los datos, y también con las cantidades disponibles. «La cuantía que se reserva es insuficente para nuestra tasa de pobreza. Si se compara con otras autonomías, el presupuesto es raquítico», apunta.

Como UGT, insiste en que la tramitación es «lenta y farragosa», con casos de más de un año de espera para una ayuda prevista como una tabla de salvación. Además, dependiendo del municipio, el demandante de ayuda puede sufrir un agravio. Los ayuntamientos son entidades colaboradoras de la conselleria. Algunos agilizan los trámites e incluso adelantan el dinero para evitar que cientos de familias salgan del limbo burocrático en el que están en espera de que la conselleria disponga de dinero y reconozca nuevas ayudas.

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